Más que una cifra es una verdadera tragedia. Porque 16 jóvenes, algunos niños de apenas 12 años, fueron asesinados en menos de diez días en el sur de Colombia, en total indefensión. Los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca fueron los escenarios de estas masacres a manos de grupos armados ilegales. El común denominador entre las víctimas es que se trata de menores de edad, al margen del conflicto armado que se vive en estas zonas.
El pasado 10 de agosto Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, fueron asesinados cuando iban a su colegio a entregar una tarea escolar. Ocurrió en la localidad de Santa Lucía, Nariño, según denunciaron los familiares de los menores. No hubo testigos y nadie se explica la razón de sus muertes.
“Condeno este hecho y el mundo entero debería rechazarlo. Colombia está inmersa en la peor de las barbaries”, sostuvo en su cuenta en Twitter Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Y es que esta es una de las zonas más complejas en materia de orden público en Colombia. “El límite entre Cauca y Nariño es uno de los varios caminos clave para los traficantes de drogas, porque les da acceso directo desde las plantaciones que controlan hasta el océano Pacífico. Y de ahí al mundo entero”, sostiene Jaime Honorio González, periodista e investigador.
Apenas un día después, el 11 de agosto, cinco menores que eran amigos fueron masacrados en una zona periférica de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 14 y 15 años. Eran conocidos en el barrio por su afición al deporte y las causas sociales. La mayoría tenía tiros de gracia y otros, heridas de arma blanca.
“Hace muchísimo tiempo que no se presentaba en nuestra ciudad una manifestación de ferocidad de esta naturaleza. Y estos hechos dramáticos, dolorosos, absolutamente inaceptables que generan indignación, tienen que conducirnos a una actuación integral y conjunta que nos permita capturar a los culpables”, sostuvo el ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo.
El dolor y el luto de los familiares y amigos que participaban en el sepelio de los menores fue interrumpido por el estallido de una granada el 13 de agosto, cuando desconocidos lanzaron el artefacto explosivo contra los asistentes. El incidente dejó un saldo de una persona muerta y al menos 14 heridos, entre ellos un niño de un año. La policía señala como responsables de estas acciones violentas a bandas de delincuentes que se disputan el control por el tráfico de drogas en esta zona de Cali.
Pero la racha de masacres y crímenes no terminó ahí. Hacia la media noche del pasado sábado, hombres armados dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño. Ocho de ellos murieron en el lugar. En la misma localidad, otra joven fue asesinada casi simultáneamente. De nuevo, es muy poco o nada lo que se sabe de los autores.
El presidente de Colombia Iván Duque re refirió al respecto en su cuenta de Twitter y dijo: “Crímenes como el de Samaniego nos duelen y debemos ser claros: allí hay presencia de ELN y de grupos de microtráfico que enfrentamos con contundencia”. Además, se refirió a un Consejo de Seguridad que trabaja en la investigación de los hechos.
Diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos condenado las muertes de estos menores, y le solicitaron al gobierno que se esclarezcan cuanto antes.
Este tipo de hechos recuerdan las épocas más oscuras del conflicto armado en Colombia y parecían haber quedado atrás después de los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares y también con la guerrilla de las FARC. Pero el auge de las disputas territoriales por el control del tráfico de drogas por parte de grupos armados ilegales, pusieron a la población civil, especialmente en las zonas rurales y periféricas, en condición de alto riesgo.
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