El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) son una ley de la República desde el 2013.
Hace unos meses, en sesión del pleno de magistrados, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por mayoría de votos “el establecimiento de la jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes)”.
En ese sentido, dice en su parte resolutiva que “esta jurisdicción fue creada por mandato constitucional y atendiendo lo señalado en el 329 de la Carta Magna, es responsabilidad del Poder Judicial, para resolver conflictos dentro de las Zedes establecer tribunales con competencias exclusiva y autónoma sobre éstos”.
En la actualidad, se construyen tres Zedes en Honduras, una en Roatán, Islas de la Bahía; Choloma, Cortés y en San Marcos de Colón, Choluteca.
Oliva dijo que “la primera realidad es que las Zedes son una ley de la República, se han presentado dos recursos de inconstitucionalidad que dos salas de lo Constitucional los han declarado sin efecto, esa es una realidad”.
“Lo que se haga ahora en el hipotético caso que se presente una solicitud para derogar la ley de las Zedes, pues será de ahí en adelante, porque para atrás todo es válido”, agregó.
Cosas
“Además, hay una serie de cosas en la ley que podría tener efectos sobre la seguridad jurídica del país, reconocemos que es un tema sensible”, afirmó.
“Si los que critican la Ley de las Zedes creen que se debe derogar, ya la Constitución de la República establece cuáles son los mecanismos para hacerlo”, sostuvo.
“Tengo entendido que hay una serie de iniciativas de alguna gente que ha reunido una cantidad de firmas para que se les dé la oportunidad de presentar un proyecto de ley”, manifestó.
“El mecanismo recomienda que se deben verificar las firmas en el Registro Nacional de las Personas (RNP) si cumplen los requisitos, se introduce como un proyecto de decreto y se turna a una comisión”, sugirió.
“Luego, una vez que la comisión ha elaborado su respuesta, se pone la iniciativa a debate y se necesita la mayoría calificada (86 votos) para aprobarse, si es así, tiene que ser ratificada en la próxima legislatura”, detalló.
“De manera, que ese es el camino que señala la Constitución de la República y obviamente el Congreso tiene que respetar esos mecanismos”, concluyó.
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