Pobladores de Guapinol se apostaron frente al edificio del Poder Judicial una resolución respecto a las medidas de prisión preventiva contra ocho ambientalistas.
Familiares y amigos piden a los jueces de apelaciones que resuelvan en el caso que se sigue de parte del Ministerio Público.
Ellos exigen la liberación inmediata y la cancelación del concesionamiento minero otorgado a la empresa Los Pinares.
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Ewer Alexander Cedillo, se encuentra en la Penitenciaría Nacional, de Támara es acusado por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita.
A raíz que la empresa Los Pinares recibió la concesión del proyecto minero ASP y ASP 1, Guapinol ya no es la misma comunidad.
“Antes era unida, ahora hay mucha división por el simple hecho de defender el agua y la vida”, manifestó uno de los pobladores.
Todos los imputados han sido víctimas de mensajes intimidatorios, supuestamente, por los propietarios del proyecto minero.
Ellos han contratado a varios hombres para sembrar el terror.
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El proyecto minero es rechazado porque se ejecuta en la zona núcleo del Parque Nacional Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras.
Esta obra afecta directamente al río Guapinol y alrededor de 34 fuentes de agua que suplen a todo el municipio de Tocoa.
Sobre la concesión hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades.
Desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Se quiso adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
Facussé es hija del fallecido empresario Miguel Facussé.
El proyecto ha generado un conflicto. Hasta el momento reporta al menos seis personas muertas y la criminalización de 32 ciudadanos.
“Estamos esperando que inicie la audiencia inicial para la libertad de los compañeros que han sido puestos en prisión preventiva”, dijo Esly Banegas, una pobladora.
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Los ambientalistas de Guapinol seguirán luchando hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto minero.
Además, se remarcó que la oposición es porque existe una estela de ilegalidad a su alrededor.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado.
Esly Banegas apuntó que las falsas acusaciones del Ministerio Público ya han quedado demostradas.
“Esta institución ha actuado de manera irresponsable, porque sus acciones carecen de investigaciones”, mencionó Banegas.
Dentro de los acusados figura Antonio Martínez Ramos, quien falleció el 5 de abril de año 2015 producto de un atropellamiento de una motocicleta.
La acusación del fallecido es, según los ambientalistas, razón suficiente para determinar que el Ministerio Público no investiga.
Los imputados son Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez.
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