La pesca ilegal, constituye una amenaza para los trabajadores del ramo, y para la sociedad hondureña en general, ya que da la apertura a la trata de personas y otras actividades ilícitas.
Quienes utilizan a las personas para estas actividades, no proveen ni las más mínimas condiciones de seguridad, ni laborales a los pescadores, lo que supone una clara violación a las leyes del país en materia laboral y atenta contra la salud de los hondureños que se prestan a tan peligrosa labor.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2019, entre 660 y 880 millones de personas, equivalente al 12% de la población mundial, han vivido de la pesca y la psicultura.
Es decir, con la pesca ilegal, las personas que viven de forma honesta y responsable ven afectados sus medios de subsistencia y se exponen a situaciones de pobreza.
Además, cabe destacar que la pesca ilegal, de la cual China es el país más beneficiado, está asociada a otras actividades ilícitas, que constituyen violaciones de derechos humanos, como el trabajo forzado, que provoca efectos adversos en los trabajadores de la industria pesquera y sus comunidades.
La industria pesquera es una de las más peligrosas del mundo, junto con el tráfico de seres humanos, la piratería, la explotación infantil, la esclavitud moderna e incluso los asesinatos, por lo que una normativa eficaz es de suma importancia. Es muy común que los pescadores trabajen demasiado, que no se les pague, que sufran abusos físicos y sexuales, y con frecuencia son abandonados en países extranjeros sin ningún tipo de ayuda.
Asimismo, esta actividad reduce la disponibilidad de alimentos para las personas que lo necesitan, señaló en su boletín la Asociación Hondureños contra la Pesca Ilegal. Esta situación, debe hacer reflexionar a las autoridades hondureñas, pues el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos y del sector trabajador, por ello, se deben adoptar medidas más drásticas contra quienes motivan e incentivan estas actividades ilícitas.
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