No basta con que vaya a rodar una cabeza o que los entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia procedan en contra de un funcionario u otro; aquí de lo que se trata también, es que se inicie un profundo proceso de reforma a la manera en la cual, la institucionalidad gubernamental, realiza la adquisición de bienes y servicios, y contratación de obras públicas
Para el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Omar Edgardo Rivera Pacheco, además de un remozamiento en el liderazgo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), también se requiere una profunda reforma al marco legal e institucional del sistema de compras y contrataciones del Estado.
“No basta con que vaya a rodar una cabeza o que los entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia procedan en contra de un funcionario u otro; aquí de lo que se trata también, es que se inicie un profundo proceso de reforma a la manera en la cual, la institucionalidad gubernamental, realiza la adquisición de bienes y servicios, y contratación de obras públicas” expresó.
Ante la posible salida de Marco Bográn, actual titular de INVEST-Honduras, el ejecutivo del FONAC, precisó que la sostenibilidad de una buena gestión tiene relación a los efectivos sistemas que se diseñen e implementen, y a la constitución de equipos multidisciplinarios que -con eficiencia y honestidad- hagan uso pertinente de los recursos financieros puestos a la disposición para ejecutar programas y proyectos de desarrollo productivo y social en el país”.
Rivera Pacheco espera que “por un lado los órganos contralores del Estado y las instituciones operadoras de justicia hagan su trabajo de auditoria e investigación, pero que en otro ámbito se fortalezcan las entidades encargadas de gestionar programas y proyectos de infraestructura, y adquirir insumos”.
“Se hace necesario reformar el marco jurídico que aplica al acceso a la información pública y fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), avanzar en realizar los ajustes a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Ley de Secretos) y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Del mismo modo, modernizar el Sistema de Compras y Contrataciones del Estado, reformar la Ley de Contratación del Estado y fortalecer las capacidades de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y la plataforma HONDUCOMPRAS, así como implementar un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la Secretarías de Estado con mayor presupuesto y las históricamente vulnerables a la corrupción” planteó.
El dirigente de la sociedad civil también sugirió “la creación de marco regulatorio para Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que usan fondos públicos, proveen servicios públicos y ejecutan obra pública y una radical reforma al marco regulatorio de proyectos ejecutados en la modalidad de Alianza Publico Privadas y en la operación de Fideicomisos constituidos con fondos públicos”.
“Recomendamos también la reforma y fortalecimiento institucional de los entes de control interno gubernamental, contralores del Estado, operadores de justicia y los que tienen el mandato constitucional de la persecución penal de los delitos, muy especialmente la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR), Ministerio Público (MP) y Poder Judicial. Esto es indispensable. Estas instituciones del Estado están llamadas a combatir las redes de corrupción y para hacerlo con efectividad deben coordinarse, articularse y complementarse en el marco de sus competencias y atribuciones; se deben asignar suficientes recursos presupuestarios y garantizar que se respete la carrera contralora, fiscal y judicial” exteriorizó.
Finalmente, Omar Rivera, manifestó que “ninguna lucha contra la corrupción tendrá éxito si no se abren los espacios a la auditoría social y a la puesta en práctica de mecanismos de consulta ciudadana como las audiencias públicas, cabildos abiertos, plebiscitos, entre otros; del mismo modo, es un imperativo categórico generar un ambiente que facilite las acción de control ciudadano por lo que se deben las medidas pertinentes para no obstaculizar el trabajo que realizan las organizaciones que previenen, investigan y denuncian los actos ilícitos y las redes de corrupción”.
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