Tegucigalpa, 12 de junio. El viceministro de Trabajo, Olvin Villalobos, manifestó que el COVID-19 obligó al país a reorientar su planificación original para empezar a vivir con una nueva realidad.
Aunque con mucho esfuerzo y dedicación, el Gobierno de la República ha creado medidas para atender de manera integral a la población, tanto en materia de salud como alimentaria.
“Durante la emergencia del coronavirus el país ha tenido que reorientar su planificación original que tenía como país”, comenzó.
“En el camino se tuvo que pensar en iniciativas como Honduras Solidaria, Honduras Solidaria empezó a llevar alimentos a las familias que más necesitan en el país y se estableció todo un esquema de distribución, donde no lo hacen las autoridades de Gobierno, sino que intervienen otras institucionalidades para garantizar la transparencia”, indicó.
“También se conformó un esquema de veedurías para el seguimiento y el cumplimiento de las mismas”, añadió.
Expresó que “es por eso que vemos a nivel nacional que existe distribución de alimentos por medio de este mecanismo de Honduras Solidaria”.
“Adicional a eso, para apalear un poco la necesidad de los hondureños, ante la emergencia, el Gobierno del presidente Hernández estableció una alternativa que fue construida con el concurso de los sectores productivos del país, y fue remitida al Congreso Nacional, donde los diputados la convirtieron en una ley (decreto 33-2020)”, explicó.
“Esta ley tiene dos cosas importantes, el Gobierno busca que se mantengan los empleos, los contratos y los puestos de trabajo, y a cambio de eso, les brindaba un incentivo fiscal para poder motivarlos”, manifestó.
“En los casos que las empresas no puedan mantener los puestos de trabajo y no tengan otra alternativa más que optar por la suspensión de contratos, esos trabajadores que lleguen ser suspendidos, gozarán de un beneficio que es un incentivo económico que el Gobierno les da de 6,000 lempiras”, destacó.
“La noticia es que más de 100,000 hondureños que han sido suspendidos por la modalidad de suspensión de contratos de trabajo, están gozando de estos beneficios, ya se les otorgó el primer pago de 6,000 lempiras”, añadió.
“Hemos visto como testimonios de mujeres, madres solteras que fueron suspendidas de sus trabajos, gozaron de este beneficio, y como este les ha ayudado mucho”, agregó.
Manifestó que “esto se suma a toda esta gama de oportunidades que se están ofreciendo desde el Gobierno para poder ayudar”.
Independientes
Por otra parte, “estamos estructurando una especie de bono electrónico que viene a ayudar mucho a aquellos hondureños que hacen sus trabajos por cuenta propia, es decir, hacen sus trabajos de manera personal, y que dada la emergencia, estos trabajos se han venido abajo”, lamentó.
“A ellos también se les va a ayudar con un aporte solidario económico que va a ir dirigido para comprar alimentos para su casa, en segunda instancia para comprar medicamentos”, detalló.
Sumó que “este es el resumen de lo que estamos haciendo para poder apalear el impacto de esta emergencia en las familias hondureñas, dicho sea de paso que afecta a los padres y madres de familia, pero va a generar un impacto muy fuerte en nuestras niñas, niños y adolescentes, que al final de esta emergencia son los que más sufren, y es donde va a pegar más impacto”.
“Por eso es que debemos retomar esta iniciativa para que juntos, Gobierno, empresa privada, sociedad civil, trabajadores unamos esfuerzos por el bien de nuestros niños y que construyamos un futuro mejor”, acotó.
Sanciones
Hay una Ley de Protección del Trabajo que no permite el despido de personas de las empresas de manera injustificada.
Las empresas o patronos que hagan tal acción deberán ser enfrentados legalmente y corren el riesgo de ser sancionados.
En ese sentido, Villalobos dijo que “esa ley tiene establecidas algunas sanciones puntuales que ya determina cuáles serán las sanciones que deberán aplicarse en cada una de las empresas”.
“Todo inicia por el trabajo de inspección que se hace en el lugar de trabajo, la incidencia si la tenemos con mayor fuerza en el área rural, y el porcentaje es menor en el área urbana, que de alguna manera es donde más incidencia tenemos nosotros con la parte de inspección”, explicó.
“La Ley de Protección del Trabajo tiene sanciones económicas y los procedimientos a seguir para sancionar a los que infrinjan”, concluyó.
Dato
-Unos 3.2 millones de hondureños se han beneficiado con el programa Honduras Solidaria
COMENTARIOS