TEGUCIGALPA, HONDURAS
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha recibido una nueva denuncia por corrupción ligada a la atribución a Catar del Mundial de fútbol de 2022, investigada ya por la Justicia francesa.
La asociación anticorrupción Anticor ha presentado esta denuncia, que también va dirigida contra quien fue la mano derecha de Sarkozy, el exministro Claude Guéant, contra un publicista, que está en el origen de las actuales revelaciones, y contra ex primer ministro de Catar Hamad ben Jassem al-Thani.
La base de este procedimiento son las declaraciones del publicista François de La Brosse, que trabajó de forma gratuita en la campaña electoral de Sarkozy en 2007 y en sus primeros años en el Elíseo.
Tras alejarse del poder, su empresa de publicidad tuvo problemas financieros y acudió a Sarkozy para que le ayudara a superarlos.
El entonces presidente francés, a través de Guéant, le puso en contacto con empresas cataríes que, según la ONG que firma la querella, le debían favores, tras la intervención de Sarkozy para que el país del Golfo Pérsico pudiera organizar el Mundial.
La Brosse ha contado al diario Le Monde que estuvo en contacto con la empresa catarí Q.Media, con la que llegó a firmar un precontrato pero solo después de que amenazara a Sarkozy de sacar a la luz su trabajo no remunerado, lo que podía incidir en las cuentas de campaña del candidato.
El publicista ha asegurado que, en el último momento, el presidente le abandonó.
Esta nueva denuncia se suma a la investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera en 2019 relativa a la atribución del Mundial a Catar y, en particular, a la intervención de Sarkozy.
En el ojo de la Justicia está el almuerzo organizado en noviembre de 2010 en el Elíseo por el presidente junto al máximo responsable de la UEFA, Michel Platini, y al entonces príncipe heredero y actual emir de Catar, Tamim Al Thani.
Los investigadores sospechan que la intervención de Sarkozy en favor de Catar hizo cambiar de opinión al influyente Platini, que propició un giro del voto en la UEFA, que en un principio apuntaba a Estados Unidos, para atribuir la competición a Catar.
Por ello, la Fiscalía investiga posibles delitos de «corrupción» y «blanqueo».
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