New York – A poco menos de dos meses para el inicio del juicio por narcotráfico al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, la abogada Sabrina Shroff pidió no más dilatorias para conocer información clasificada aportada por la Fiscalía.
La propia exprimera dama, Ana García de Hernández expresó que con lo anterior se estaría desarrollando un juicio injusto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
“Juan Orlando desde un inicio del proceso ha enfrentado una serie de situaciones adversas, que conllevan a un claro estado de indefensión”, expresó.
De acuerdo a la denuncia, la Fiscalía del Distrito Sur no ha cumplido con la resolución del Juez sobre la entrega a la defensa de información clasificada y no clasificada exculpatoria en el tiempo oportuno y ahora solicita una nueva prórroga para responder al juez su resolución del 20 de diciembre y la carta de la abogada Sabrina.
En ese sentido, la abogada Sabrina Shroff, del equipo legal del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, solicitó al Juez Kevin Castel que el Gobierno de los Estados Unidos entregue sin más dilación la totalidad de la información clasificada antes de la audiencia de información clasificada fijada para el 16 de enero de 2024.
La petición al juez Castel, se fundamenta por parte de la defensa del exmandatario, ya que hasta la fecha prevalece la negativa del Gobierno de los Estados Unidos a proporcionar toda la información solicitada por la abogada Shroff, sobre una lista de documentos clasificados pedidos el 26 de diciembre del 2023 y que el juez autorizó la petición de Hernández de que su equipo legal pueda examinar algunos documentos clasificados relacionados con el juicio.
La abogada Sabrina, señaló en la carta que el 26 de diciembre de 2023, se proporcionó al gobierno de los Estados Unidos una lista de documentos clasificados que no reflejan las declaraciones del imputado expresidente hondureño.
En la misma correspondencia, Shroff acentuó que informo al gobierno que la Regla 16 de la Regla Federal de Procedimiento Penal requiere que el gobierno asuma la carga y “revele al acusado, y ponga a disposición para inspección, copia o fotografía, cualquier declaración escrita o grabada relevante del acusado si la declaración está en posesión, custodia o control del gobierno; y el procurador del gobierno sabe o mediante la debida diligencia podría saber que la declaración existe”.
Recalcó, que “la divulgación clasificada actual del gobierno incluye información denominada «CBU», que es un acrónimo de «Confidencial pero sin clasificar».
Sabrina Shroff, describió al Juez Castel que “le ha pedido al gobierno que confirme que todo el material de la CBU ha sido proporcionado a Hernández a través de su abogado no autorizado en forma de divulgación de la Regla 16 o 3500”.
“El señor Hernández espera una versión desclasificada de las sentencias orales de la Corte; las presentaciones clasificadas del gobierno hasta la fecha, incluida su respuesta a la presentación del Sr. Hernández, según la sección 5 de conformidad con CIPA; y el Sr. Hernández CIPA presentación de la sección”, reiteró Shroff en su carta.
La orden CIPA su finalidad es ayudar a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y los secretos de Estado, pero a su vez asegura que en el proceso legal se continúe brindando información relevante, pero limitada, protegiendo los derechos de defensa de los acusados.
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