La represión en Nicaragua es un “hecho cotidiano” desde 2018, con múltiples detenciones arbitrarias que contribuyen a un “estado de sitio de facto”, según denuncia la oposición.
“El régimen promueve la represión a través de detenciones arbitrarias e ilegales, en algunos momentos masivas, pero constantes en el tiempo” desde 2018, afirma en una entrevista con EFE la opositora Ana Lucía Álvarez, hermana de una presa y sobrina de otras dos.
Álvarez, que forma parte del colectivo de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se encuentra en Madrid para denunciar la situación que viven los presos y presas políticas en Nicaragua, actualmente cifrados en 182 personas.
DETENCIONES PARA SOSTENER LA REPRESION
Desde que en abril de 2018 se desató una ola de protestas en Nicaragua, duramente reprimida, las detenciones se han sucedido, de manera que más de 1.600 personas han pasado por las cárceles del país centroamericano a lo largo de estos cuatro años, según Álvarez.
“Es realmente una situación de terror la que vivimos los y las nicaragüenses”, (…) donde “un eje fundamental para sostener esa represión son estas detenciones”, concluye.
Lo que los familiares de estos presos denuncian es que “hay una suerte de política de Estado de tortura hacia las personas presas” desde 2018, que se manifiesta en falta de asistencia médica, torturas sexuales, aislamientos prolongados, o incomunicación con sus familiares.
De esta situación también se ha hecho eco la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, pidió el pasado mes de abril a la comunidad internacional ejercer “presión diplomática” sobre el gobierno de Daniel Ortega por su trato a los presos políticos.
LA REPRESIÓN NO ES NEUTRA
Pero la situación de las personas en prisión se agrava si son mujeres, ya que sufren otras formas de presión y maltrato, según denuncia Álvarez.
“La represión no es neutra en Nicaragua y tiene connotaciones profundamente patriarcales”, afirma la opositora y familiar de tres mujeres presas: su hermana, Tamara Dávila, y sus tías Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez.
Como ejemplo, denuncia que todas las mujeres presas están en “una situación de aislamiento absoluto”, más duro que el que sufren los hombres, además, a la hora de los interrogatorios hay “saña” de las autoridades para hacerlas sentir mal como madres, por no estar cumpliendo su rol tradicional, y “quebrarlas emocionalmente”.
PODER ABSOLUTO DE ORTEGA
A partir de 2018, “Ortega ha fortalecido su poder absoluto en el país. Todos los poderes del Estado están controlados” por él, explica la opositora, que señala de manera clara el uso que ha hecho de la Justicia.
“La Justicia en Nicaragua no es autónoma ni independiente, es una herramienta más del régimen de Daniel Ortega para controlar a la población”, afirma.
Esta denuncia también la recoge el último informe del Observatorio para la Tortura, presentado ayer en Managua, que concluye que en Nicaragua la Justicia es utilizada como instrumento de una “política de represión” contra los opositores.
Y tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, que Álvarez define como “votaciones fraudulentas”, el líder sandinista “ha fortalecido el control de las instituciones”, con la utilización de la policía y los grupos parapoliciales, “para poder controlar a la población”, que va desde el control de los medios de comunicación al control vecinal.
Los citados comicios, en los que varios candidatos y dirigentes de la oposición fueron detenidos, fueron denunciados como fraudulentos tanto por la oposición como por organismos internacionales como la OEA o la Unión Europea.
A la persecución de los partidos políticos se suma la prohibición de centenares de organizaciones de la sociedad civil, de Derechos Humanos, ambientalistas, y feministas.
Sin embargo, en medio de esta situación, “hay esperanza. Es difícil, pero sí, la gente se está organizando”, tanto dentro cono fuera del país, afirma Álvarez.
La opositora insiste en que Nicaragua tiene “un gobierno profundamente de derecha”, que ha penalizado el aborto, ha perseguido a feministas y ambientalistas, entre otros colectivos. Y desde 2018 también acosa a la Iglesia católica, que está denunciando la violencia ejercida contra los opositores.
“Más allá de la idea romántica que se tiene de Daniel Ortega y del Frente Sandinista, (..), es un gobierno profundamente neoliberal, profundamente extractivista y profundamente misógino y patriarcal, eso es lo que ha sido desde 2007 que regresó al poder, y a partir de 2018 ha sido además un gobierno profundamente violento, profundamente represivo”, concluye./EFE.
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