Se ha dada por iniciado el juicio oral y público en el sonado caso Hospitales Móviles, en el que el Ministerio Público aportará más de 70 medios de prueba que acreditan el megafraude de Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón en la compra de siete unidades médicas con los que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos.
Las pruebas que se evacuarán ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, comprenden 58 medios documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales,
en un caso que judicializó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en equipo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, por dos delitos de fraude y dos delitos de violacion de los deberes de los funcionarios.
A eso se suma el hecho que el Ministerio Público propondrá en la Etapa de Incidentes, seis nuevos medios de prueba, de los cuales cuatro son documentales y dos aclarativos.
A la hora del debate, el equipo fiscal demostrará lo siguiente:
En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.
Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, Representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.
Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.
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