Tegucigalpa. Honduras. Fiscales asignados al Juzgado de Ejecución presentarán Recurso de Apelación en contra de la decisión adoptada en las últimas horas en el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa de favorecer con libertad condicional a dos personas condenadas por lavado de activos, delito de criminalidad organizada, en el sonado caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de la socia fundadora de la empresa de maletín INSUMEDIC, Ilsa Vanessa Molina Aguirre (condenada el 6 de diciembre de 2016 a 12 años tres meses de reclusión) y de su madre Ilsa Damaris Aguirre Flores (condenada el 7 de septiembre de 2020 a ocho años de reclusión).
Ambas imputadas ahora han sido objeto de excarcelación de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), debido a que un juez de ejecución no valorara y considerada el hecho que las condenas dictadas en su contra son por un delito catalogado como de criminalidad organizada, conforme a la legislación penal hondureña y de acuerdo a las pruebas acreditadas en este caso por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) que develaron todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito entre empresas fachadas y ese centro asistencial.
Dichas conductas delictivas, cabe recordar, fueron aceptadas en primer término por Ilsa Vanessa Molina que en una audiencia de procedimiento abreviado admitió haber lavado activos del Seguro Social y en segundo lugar por Ilsa Damaris Aguirre Flores que en una audiencia de acuerdo de estricta conformidad se declaró culpable.
En el caso INSUMEDIC-IHSS, miles de folios de prueba documental y pericial demostraron cómo Molina Aguirre participó en el desfalco del IHSS por un monto de 10 millones de lempiras, valiéndose de la relación sentimental que ésta mantenía con el entonces Gerente de Compras, Materiales y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia), mientras que su madre puso a su nombre bienes inmuebles para ocultar su ilícita procedencia y su vínculo con una empresa fantasma.
En el contexto de estos hechos, existen agravantes y motivos para que Fiscales asignados al Juzgado de Ejecución adscritos a la Fiscalía Contra Delitos Comunes (FEDCOM) interpongan en tiempo y forma el respectivo Recurso de Apelación, ya que en esta causa no ha primado la legalidad ni prevalecido la justicia.
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