La migración se ha convertido en el foco de atención de una asamblea de líderes del Hemisferio Oeste, destacándose como un asunto primordial de política exterior que se da en medio de un espectáculo al estilo de Hollywood sobre qué líderes acuden a la reunión y cuáles se quedan en sus países.
Se espera que la “Declaración de Los Ángeles” que se anunciará mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con sus homólogos y funcionarios de América del Norte, del Centro y del Sur, sea un llamado a la acción que pueda guiar a países a la hora de recibir a gente que huye de la violencia y busca más estabilidad económica.
Desde 2017, Estados Unidos ha sido el destino más popular de las personas que buscan asilo, todo un desafío que han enfrentado Biden y sus antecesores, Donald Trump y Barack Obama.
Sin embargo, Estados Unidos no es el único. Colombia y otros países vecinos de América del Sur albergan a millones de refugiados que han huido de Venezuela. En México se han completado más de 130.000 solicitudes de asilo en 2021, muchas de ellas de haitianos, el triple desde 2020. Numerosos nicaragüenses escapan a Costa Rica, mientras los desplazados venezolanos representan un sexto de la población de la pequeña Aruba.
“Los países ya están teniendo que hacer esto, entonces en lugar de que cada país trate de resolver esto por sí mismo, lo que estamos haciendo es decir: ‘unámonos de manera coherente y construyamos un marco de referencia para que todos podamos trabajar juntos y hacer que esta situación sea más humana y más manejable’”, expresó Brian Nichols, subsecretario de Estado del gobierno estadounidense para asuntos del Hemisferio Occidental.
En la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo de miércoles a viernes, podrían anunciarse algunas medidas concretas, tal vez fondos para bancos de desarrollo. Nichols dijo en una entrevista el lunes que sería prematuro discutir iniciativas específicas, pero algunos funcionarios han dejado en claro que el acuerdo sería más bien aspiracional.
Existe un consenso generalizado en que el alivio o la ayuda debería apuntar al crecimiento y la estabilidad en las comunidades donde viven los migrantes. “Si sólo se ayuda a los migrantes y no a las comunidades, es contraproducente”, expresó Nichols.
El acuerdo podría pedir más vías para legalizarlos, mecanismos para reunir a las familias, que los controles fronterizos sean más humanos y eficientes y una mejora en la forma en que se comparte la información, de acuerdo con expertos que han visto los borradores.
Por otra parte, el gobierno de Biden planea anunciar nuevos esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud de Latinoamérica.
En un trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, Washington prevé ofrecer entrenamiento para más de 500.000 trabajadores del sector en los próximos cinco años, de acuerdo con un funcionario que pidió no ser identificado antes de que el anuncio se haga público en miércoles.
Los líderes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador -que han criticado cualquier tipo de estrategia regional migratoria- decidieron no acudir a la Cumbre, dejando a Biden sin un apoyo simbólico y un mensaje de unidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no viajaba y designó como representante al canciller Marcelo Ebrard porque Washington excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que envían gran cantidad de migrantes a Estados Unidos y los países vecinos.
Antes de salir el martes rumbo a Los Ángeles, donde se celebra la Cumbre, Ebrard dijo que no habían cambiado los estrechos lazos de México con Estados Unidos y señaló que López Obrador visitará Washington en julio.
El presidente Guillermo Lasso de Ecuador dijo que una de sus prioridades durante la Cumbre sería buscar soluciones para la gran cantidad de migrantes venezolanos que se encuentran en su país, así como combatir el tráfico de drogas.
La “Declaración de Los Ángeles” empezó a tomar forma en las negociaciones entre diplomáticos en Colombia durante el mes de octubre y en Panamá en abril. Los expertos que han sido consultados por los gobiernos dicen que en gran medida el acuerdo es impulsado por Estados Unidos y otros países que reciben a muchos migrantes, como Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.
De hecho, la estrategia se parece a un plan estadounidense que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en julio y que pide una “gestión segura y humana de las fronteras” y más vías hacia el estatus legal.
Hasta ahora, sin embargo, la administración de Biden ha hecho poco para lograr eso.
Las autoridades estadounidenses están deteniendo a los migrantes que cruzan la frontera con México con más frecuencia que en cualquier otro momento en aproximadamente dos décadas. Bajo una norma de la era de la pandemia destinada a prevenir la propagación del COVID-19, muchos migrantes son expulsados rápidamente sin la posibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, la normativa, conocida como Título 42 y que un juez federal en Luisiana ha mantenido en pie, se aplica de forma desigual según la nacionalidad del migrante que es detenido.
En Eagle Pass, Texas, uno de los lugares más concurridos de cruces ilegales, los cubanos caminan libremente por el Río Bravo y son dejados en libertad en Estados Unidos tras concedérseles un permiso humanitario. Los ayuda el hecho de que Cuba se niega a aceptarlos de regreso.
México, en cambio, accedió a recibir a los migrantes expulsados de Estados Unidos que son originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Cristian Salgado, de Honduras, esperaba que lo trataran como los cubanos que vio cuando cruzó ilegalmente con su esposa y su hijo de cinco años hace aproximadamente un mes, pero las autoridades estadounidenses lo devolvieron a la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras sin permitirle hablar sobre su caso. Recuerda que un agente fronterizo dijo: “No hay asilo para Honduras»/AP.
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