A siete años de la noche y madrugada en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, los avances en indagatorias han sido escasos, mientras que la exigencia por dar con el paradero de los jóvenes resuena con fuerza en un crimen perpetrado por el aparato estatal coludido con grupos criminales de Iguala, Guerrero.
El caso se ha desmontado, manipulado y vuelto a investigar, pero hasta la fecha sigue sin haber justicia ni verdad para padres y madres de quienes se preparaban profesionalmente en aras de ayudar a sus pueblos como profesores rurales.
De la “verdad histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a la Comisión Presidencial y la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Republica (FGR) con Andrés Manuel López Obrador, no se ha esclarecido de forma convincente qué, cómo, quiénes y por qué fueron atacados un grupo de alumnos el 26 y 27 de septiembre de 2014, quienes solo tomarían camiones para asistir a un evento donde, paradójicamente, se recuerda la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, Ciudad de México.
Aún con dilaciones del caso, las autoridades localizaron restos óseos para identificar a tres normalistas a lo largo de los últimos años. Las búsquedas positivas se dieron en el basurero de Cocula, donde se dijo que los cuerpos fueron incinerados y los remanentes arrojados al río aledaño, como en la Barranca de la carnicería, a 800 metros del primer sitio.
El 7 de diciembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que algunos restos hallados en el basurero de Cocula correspondían al joven Alexander Mora Venancio, esto también lo confirmó, un día antes, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, pues el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se los había referido/Infobae.
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