El comisionado Presidencial del Cambio Climático, Marlon Escoto se presentó este viernes al Juzgado Anticorrupción para una audiencia de declaración de imputados.
Los medios de comunicación nacional abordaron a su llegada al ex ministro de Educación, que dijo que “es el tiempo de demostrar en a la fiscalía que el dinero fue destinado correctamente».
Escoto mencionó que fueron acusados por abuso de autoridad, pero en 1995, el Congreso Nacional aprobó la Ley de los Colegios Profesionales y después se hizo una solicitud a la Secretaría de Finanzas que aceptó.
El decreto se aplicó en el arancel de los procesionales de las ciencias agrícolas. Más de cien personas fueron beneficiadas con ese dinero, no solo la Junta Directiva.
Como parte de esto los empleados de la Universidad Nacional de Agricultura tienen sueldos más decorosos, por ejemplo, un personal de apoyo devenga unos 12 mil lempiras mensuales. “En la UNA se hizo un reconocimiento, por medio de esto”.
Escoto reconoció que este es un tema administrativo que esté siendo ventilado en los tribunales de justicia anticorrupción.
“Nosotros recibimos la Universidad Nacional de Agricultura con 35 millones de lempiras y la devolvimos con 600 millones de lempiras”, indicó.
ACUSACIONES
El Ministerio Público presentó en su momento un requerimiento fiscal contra el exrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y otras 18 personas más, todas ellas implicadas en un millonario desvío de recursos utilizados en un irregular aumento salarial.
El requerimiento fiscal fue presentado contra Marlon Oniel Escoto Valerio (exrector), Óscar Ovideo Redondo (ex secretario general, luego exrector), Francisco Javier Medina Cabrera, José Antonio Ramírez Alvarado, José Andrés Paz Díaz, Kenny Sirey Nájera Aparicio, Emilio Javier Fuentes Zúniga, Raúl Isaías Muñoz Hernández, Mirian Anabel Alvarado Muñoz, Juan Alberto Chavarría, Romeo Uclides Guevara, Víctor Javier Gonzáles Santos, Hilsy Lourdes Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa Ulloa, José Bayardo Alemán Mejía, Roy Donaldo Menjívar Barahona, José Luis Castillo Lanza, Jhonny Leonel Barahona y Ana Mireya Suazo, todos miembros del Consejo Directivo entre los periodos 2010-2013 y 2013-2016.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público estableció la acción como una línea de investigación de un acto de corrupción cometido en la UNA que señala, que logró acreditar más de 164 millones de lempiras (Lps.164,266,334.19), suma de dinero para incrementos salariales y pagos arancelarios repartidos a 82 miembros directivos y del claustro de maestros, siguiéndose para tal fin una serie de procedimientos con vicios de ilegalidad y sin respaldo financiero.
La información oficial establece que investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) evidencian una manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a las ilicitudes cometidas, obviándose dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto y simulándose una demanda al Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que se dio una autoconciliación, en la que los mismos demandantes al ser parte del Consejo Directivo resolvieron hacerse efectivo el pago de remuneraciones y sueldos caídos desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
Con base a los hechos, la acusación se promovió por tres delitos de abuso de autoridad en concurso real contra Marlon Escoto, Francisco Medina, José Ramírez, Víctor Gonzales, Hilsy Sanabria y Roy Menjívar, siete delitos de abuso de autoridad contra Óscar Redondo, seis delitos de abuso de autoridad contra Juan Chavarría, cinco delitos de abuso de autoridad contra Romeo Guevara, cuatro delitos de abuso de autoridad contra José Castillo, dos delitos de abuso de autoridad contra José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Mirian Alvarado, Carlos Ulloa y José Alemán y un delito de abuso de autoridad contra Jhony Barahona y Ana Suazo, quienes deberán comparecer ante los Juzgados del Circuito Anticorrupción.
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