Si bien es cierto, en los últimos años Honduras ha tenido un gran avance en la protección de los derechos humanos de las mujeres, gracias a la lucha incesante que han tenido algunas lideres. Claro está, el gran avance es percibido porque en Honduras los derechos de las mujeres han sido de poca importancia para los gobiernos por demasiado tiempo. La violencia generalizada desde siglos pasados contra las féminas, provocó la desigualdad, la inseguridad y la impunidad; los cuales son solo algunos de los factores que hoy en día se lucha por revertir ante una sociedad machista.
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Lastimosamente en el país, las defensoras de los derechos de la mujer son en la mayoría de ocasiones criminalizadas, intimidadas, judicializadas e incluso asesinadas, por lo que es un gran desafío frenar la situación. No obstante, el liderazgo de algunas mujeres respaldadas por organizaciones sociales han incursionado en ámbitos de la política, en busca de una participación igualitaria en la toma de decisiones.
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Según datos históricos la mujer dio un gran paso luego que el 25 de enero de 1955, durante la Administración de Julio Lozano, se emitió el decreto para que las que pudieran ejercer el voto, lo hicieran.
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Mientras que un 29 de agosto de 1998, el Congreso Nacional creó el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), como estructura de coordinación e implementación de las políticas, programas y proyectos que garantizan a las mujeres y las niñas en el pleno goce de los derechos humanos, a fin de posibilitar condiciones de igualdad para promover su independencia económica.
Dicha ley tiene por objeto integrar y coordinar las acciones que el Estado y la sociedad civil tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación que consecuentemente promueve la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley. Se le da prioridad a las áreas de familia, salud, educación, cultura, medios de comunicación, medio ambiente, trabajo, seguridad social, crédito, tierra, vivienda y participación en la toma de decisiones dentro de las estructuras de poder.
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Por lo tanto, El Estado, por medio de sus órganos competentes está obligado a promover la investigación científica sobre la igualdad de oportunidades y debe crear o mejorar la producción; difusión y evaluación de los registros estadísticos, sobre la condición y situación de hombres y mujeres. El fin es el de establecer periódicamente las prácticas de igualdad de oportunidades, creando los mecanismos eficaces que garanticen plenamente los derechos de las mujeres.
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