Ya es oficial. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, los líderes del club comunitario han pactado este martes el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países salvo en circunstancias excepcionales. “Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la UE durante 30 días”, ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia (la segunda desde el comienzo de la epidemia) que se ha prolongado durante tres horas.
El objetivo del histórico cerrojazo es contener la expansión del coronavirus y evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la UE. Pero en ambos casos la medida parece llegar demasiado tarde para garantizar su efectividad.
El coronavirus que causa la Covid-19 campa por toda Europa, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud considera al Viejo Continente como el epicentro de la pandemia global. Y la estampida del miedo ya ha llevado a buena parte de los 27 países de la UE a restablecer los controles fronterizos internos (como es el caso de España o Alemania) e, incluso, a impedir la entrada de ciudadanos europeos (como en Hungría) o someterlos a una cuarentena obligatoria aunque no presenten síntomas ni procedan de zonas con numerosos contagios (como en Polonia).
La Unión se ha llenado de cicatrices fronterizas con miles de europeos que incluso tienen difícil volver a su país de origen. “Hay ciudadanos europeos bloqueados dentro de la UE y esta situación tiene que cesar”, ha exigido este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas confía en que el blindaje del perímetro exterior anime a los socios de la UE a relajar los controles interiores. Pero de momento no parece que la calma esté de vuelta.
La sensación de sálvese quien pueda recorre Europa y la lentitud de la Comisión Europea ha alentado la adopción de medidas nacionales tan dudosas legalmente como imposibles de frenar políticamente en un momento de pánico generalizado. Y ahora, el gran riesgo para Bruselas es que las medidas se perpetúen y pongan en peligro la supervivencia de la zona Schengen o que, incluso, deriven en un atrincheramiento nacional que rompa también el mercado interior y ponga en peligro el futuro de la propia Unión Europea.
Los primeros síntomas de ese resquebrajamiento aparecieron nada más desencadenarse la crisis sanitaria. “Las recientes decisiones de algunos Estados miembros de restringir o prohibir exportaciones –en un caso de hasta 1.324 productos, incluido el paracetamol y aparatos médicos– contribuye al riesgo de carencias en otros Estados miembros, poniendo así en riesgo la salud de la población europea”, avisaba la Comisión el pasado viernes tras los vetos a la exportación aprobados por Alemania.
Berlín asegura que la norma se ha matizado. Y la Comisión aprobó el sábado pasado un reglamento que prohíbe, durante seis semanas, la exportación fuera de la UE de material de protección como mascarillas o guantes, con el objeto de calmar los temores a un desabastecimiento. Pero la desconfianza ya ha cundido en los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, que se han apresurado a buscar fuera de la UE, en China en concreto, los suministros imprescindibles para afrontar la grave crisis sanitaria.
La solidaridad económica también ha brillado por su ausencia y cada Estado, como ya ocurrió durante la crisis financiera, tendrá que hacer frente con sus propios recursos al impacto del coronavirus. Los datos ya apuntan a una grave recesión durante este año en buena parte de la zona euro (España pasaría de un crecimiento del 1,8% a una caída del -1,3%, según la previsión de Goldman Sachs) y a un peligroso incremento del paro y la deuda pública en países que ya disponían de escaso margen de maniobra.
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