Tegucigalpa, Los pescadores son abandonados durante meses a bordo de buques inseguros sin percibir salario alguno, por lo que se ven forzados a aceptar asistencia caritativa para poder subsistir.
Los efectos adversos que trae consigo la pesca ilegal, van desde el deterioro del medio ambiente, hasta la vulneración de los derechos laborales y humanos de la población que se dedica a esta actividad.
Existe una estrecha relación entre la pesca no declarada y la no reglamentada, con los abusos de los derechos humanos, que van desde el no cumplimiento de las garantías laborales, hasta la privación a la libertad de las personas.
Los trabajadores contratados en buques de pesca viven prácticamente aislados durante largos periodos de tiempo, privados no solo de garantías contractuales, sino también de sus derechos básicos más fundamentales.
Entre las violaciones a los derechos humanos y laborales que trae consigo la pesca ilegal, están: La violencia física extrema contra los miembros de las tripulaciones, explotación de los trabajadores, engaño sistemático por parte de los propietarios y agentes sobre el salario de los pescadores, y además, en muchas ocasiones, los pescadores son abandonados durante meses a bordo de buques inseguros sin percibir salario alguno, por lo que se ven forzados a aceptar asistencia caritativa para poder subsistir.
Con frecuencia, los marinos y pescadores se ven forzados a trabajar en condiciones que serían inaceptables en cualquier otra industria, y en algunos casos, los trabajadores del ramo, por temor a ser incluidos en listas negras o a represalias contra sus familias, no se atreven a presentar una queja o denuncia.
Además, quienes utilizan a las personas para estas actividades, no proveen ni las más mínimas condiciones de seguridad, ni laborales a los pescadores, lo que supone una clara violación a las leyes del país en materia laboral y atenta contra la salud de los hondureños que se prestan a tan peligrosa labor.
La pesca ilegal, de la cual China es el país más beneficiado, está asociada a otras actividades ilícitas, reduce también, la disponibilidad de alimentos para las personas que lo necesitan.
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