Es evidente que el antes, durante y después tienen diferentes matices con un trasfondo que no ha cambiado y que define estructuralmente el desempeño del sistema nacional de educación de Honduras. Previo a la pandemia habían alrededor de 900 mil niños y adolescentes en edad escolar excluidos de los niveles de educación prebásica a media y 1.1 millones de personas en edad universitaria excluidos de la educación superior. Esta situación se ha mantenido de esta manera por años sin que se tomen decisiones contundentes para corresponder a la dialéctica de “garantizar el derecho a la educación”, al grado de que da la impresión de que nos sentimos bien en medio de tales circunstancias.
Mientras muchos países centroamericanos, latinoamericanos y de otras regiones del mundo concretizan las políticas y estrategias necesarias para que efectivamente se garantice el derecho a la educación con enfoque en la mejora continua aun durante la Covid, en Honduras se ha pretendido formar con calidad a los que logran acceder al sistema educativo y esperar que los que no lo logran se den cuenta que tienen un derecho que deben buscar sin que se brinden las condiciones para que lo encuentren; un enfoque que ha promovido la brecha de desigualdades generando consecuencias en el desempeño de los sectores productivos, en la falta de oportunidades, en el desplazamiento de poblaciones menos favorecidas, en los indicadores sociales y en la carga del Estado para lidiar con las consecuencias.
Si garantizar el derecho a la educación es la meta que internacionalmente se acordó y que internamente se adoptó en marcos legales que tácitamente lo reconocen y postulan, ¿Cuáles son las razones por las que sigue siendo una promesa incumplida en Honduras?; se pueden mencionar muchas explicaciones pero no queda ni la menor duda que este fenómeno es el producto de la indiferencia de los sectores de poder y de la población en general, lo que se conecta de manera directa con la corrupción que, limita la inversión en áreas prioritarias de la educación que, bien o mal se han tratado de priorizar en planes de gobierno o planes estratégicos institucionales que, finalmente se quedan cortos en el logro de los resultados e indicadores proyectados, lo que nuevamente se ve con indiferencia, convirtiéndose en un círculo vicioso que se ha ido incrustando en la cultura de una población que intenta reconocer la importancia de la educación como un derecho que se debe garantizar para propiciar el desarrollo individual y colectivo pero que no encuentra el camino para concretarlo.
La pandemia se ha encargado de evidenciar aún más esta realidad, los 900 mil pasaron a ser 2 millones y el 1.1 millones pasó a ser 1.3 millones. De esos compatriotas, muchos no volverán a los estudios a menos que se haga algo para motivarlos tanto a ellos como a sus familiares, algo que les devuelva no solamente el deseo de estudiar sino también la capacidad para mantenerse permanentemente con el entusiasmo por superarse a través de la educación. Esto va más allá de la vacunación, esto va más allá de que los docentes vuelvan a las escuelas, esto va más allá de la dialéctica de garantizar el derecho a la educación; esto requiere un movimiento que transforme en primer lugar la indiferencia en conciencia y que en segundo lugar logre inyectar la suficiente motivación en los educandos, en sus familias, en los centros educativos y en la comunidad educativa.
En términos prácticos lo descrito en el párrafo anterior implica al menos las siguientes acciones:
- Lineamientos claros orientados a reactivar la educación presencial por niveles iniciando con el nivel universitario (enero), continuando con el nivel medio (inicio de febrero), avanzando con el nivel básico (mediado de febrero) y completando con el nivel prebásico (inicio de marzo).
- Un mensaje contundente de la máxima figura del país para que las familias vuelvan la mirada a las escuelas y universidades como espacios de protección y desarrollo personal, académico y social de los educandos.
- Ejecutar un compromiso por la educación y fortalecer el accionar del Consejo Nacional de Educación y de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación mediante la creación de una mesa redonda de aliados por la educación que incluya a la empresa privada, la sociedad civil, la academia, los cooperantes internacionales, los medios de comunicación, la iglesia, los gremios magisteriales, los padres y madres de familia, etc., para hacer posible el movimiento nacional por la transformación del sistema educativo.
- Matrícula a partir del 15 de enero con registro en el Sistema de Administración de Centros Educativos que permita iniciar los servicios educativos en los tiempos indicados, registrar el estatus de la vacunación de cada educando y transferir apoyo financiero a todos los centros educativos a partir del 1 de febrero en función del número de estudiantes matriculados para premiar la matrícula y facilitar la adquisición local de recursos orientados a la rehabilitación de espacios educativos, bioseguridad, material didáctico básico, etc.
- Activación de las Asociaciones de Padres de Familia desde el período de matrícula para que a través de estas se supervise el uso de los recursos económicos que se transfieran a los centros educativos y se canalice apoyo financiero adicional para becas sociales y alimentación escolar.
- El paquete de vacunación contra la Covid de los educandos debería idealmente completarse en los centros educativos como mecanismo para asegurar la vacunación de todos los estudiantes y continuar promoviendo a los centros educativos como espacios de protección y desarrollo personal, académico y social.
Existen suficientes referencias nacionales e internacionales de que la educación presencial ya es factible. No se puede continuar dando más espacio a la indiferencia cuando todos los sectores han sido reactivados y solamente nuestro futuro sigue encerrado. Únicamente contando con los estudiantes en los centros de enseñanza será posible pensar, plantear e implementar las acciones subsecuentes que sean necesarias para nivelar y asegurar los aprendizajes, dignificar la labor docente, fortalecer la institucionalidad y reconstruir el tejido estructural del sistema educativo para que ciertamente se visualice en el horizonte la meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Sin la razón de ser de la educación no hay posibilidades de que exista la educación.
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