Una ONG que brinda asistencia legal gratuita a las víctimas del abuso de poder por parte de la dictadura cubana ha actualizado su informe sobre presos políticos en el país y ha concluido que, desde el 11 de julio hasta el 20 de diciembre, se han llevado a cabo 1320 detenciones con motivos políticos.
Los apuntados por las fuerzas de seguridad que responden a Miguel Diaz-Canel son aquellos que salieron a la calle el día 11 de junio y participaron, de una manera u otra, de las históricas movilizaciones. De los 1320 arrestados, 698 continúan en reclusión hasta del día de hoy mientras que el resto se encuentra atravesando su situación procesal en arresto domiciliario o, unos pocos, en libertad bajo fianza, de acuerdo a Cubalex.
Y muchos de ellos enfrentan juicios que piden penas de muchos años de prisión, que van desde el año hasta los treinta. Para 25 personas los fiscales han pedido penas de hasta 5 años, 63 enfrentan cargos de entre 6 y 10 años de reclusión, 27 se enfrentan a potenciales penas de entre 11 y 15 años, 49 personas podrían pasar entre 16 y 20 años y 46 individuos podrían estar presos, si se confirman los pedidos de condena que rigen sobre ellos, entre 20 y 30 años. Todos estos datos son fueron compartidos por Cubalex a Infobae.
De los 1320 arrestados, 49 eran menores de edad al momento de ser llevados por las fuerzas de seguridad. Al día de hoy, 14 jóvenes menores de 18 años, o que lo eran al momento de su detención, continúan privados de su libertad y en condiciones que violan sus derechos humanos más básicos, como la posibilidad de ejercer una legítima defensa, poder recibir atención médica y pasar los días en una celda común y no en una de aislamiento, entre otras cosas.
En las últimas horas, desde Cubalex denunciaron la delicada situación que atraviesa uno de los menores. Brandon Becerra, sobre quien Infobae realizó una nota luego de hablar con su madre, está atravesando un problema de salud que lo mantiene en la cama y las fuerzas de seguridad se niegan a brindarle atención médica. “Brandon Becerra, uno de los menores detenidos el #11J hace más de una semana permanece encamado en su celda, con vómitos y, por tal, muy débil. Las autoridades se niegan a llevarlo al hospital y lo han amenazado con llevarlo a celda de aislamiento si su mamá denuncia”, lee el tweet publicado por la cuenta oficial de la organización que presta ayuda legal a los presos políticos y familiares.
Los cargos que más se repiten entre los utilizados para cubrir el móvil político detrás de las detenciones son 4: desorden público, desacato, atentado e instigación a delinquir. Estas categorías jurídicas amplias permiten a la justicia tener un amplio margen de maniobra a la hora de definir penas para los acusados y encuadrar prácticamente cualquier acción cometida por el acusado dentro de estos delitos.
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