El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil comenzó a juzgar de forma virtual un recurso presentado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la condena en el llamado caso del apartamento de lujo triplex en Guarujá.
El juicio se realiza sin la presencia física de los ministros del STJ, quienes tienen hasta el 28 de abril para presentar los votos por sistema electrónico, reporta Prensa Latina (PL).
Ante el proceso, que medios de prensa consideran misterioso y con nula divulgación, la defensa de Lula solicitó que fuera aplazada o anulada dicha sesión digital, que comenzó sospechosamente a la 01:02 hora local (madrugada).
El abogado Cristiano Zanin Martins, parte de la defensa del dirigente obrero, solicitó que el caso se retirara del orden del día. “Como se trata de un juicio virtual, es decir, sin debate, la parte debe tener el derecho de tener un plazo para oponerse a él. Y eso no ocurrió”’, denunció Zanin.
Alertó que resulta “incompatible con las disposiciones del regimiento que disciplinan el tema y también con la garantía constitucional del debido proceso en toda su extensión”.
Los juristas defensores del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) señalan que “no pueden ser sorprendidos por juicios lanzados al amanecer para que ocurran en la misma fecha. La medida se considera inusual”.
Zanin y los demás letrados también sostienen que en un argumento presentado al STJ en septiembre se le pidió a que esperara el análisis del Supremo Tribunal Federal sobre sospecha de parcialidad de Sergio Moro, como juez del expediente, lo cual anularía el caso del inmueble en el área litoral de Guarujá, estado de Sao Paulo. Por esta causa, Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva.
Según la denuncia, las reformas realizadas en la propiedad por la empresa constructora de la OAS formaban parte del pago del contratista al exgobernante por haberle favorecido supuestamente en los contratos con la estatal Petrobras.
La defensa afirma siempre que el apartamento no es de Lula, no existen pruebas y el expresidente no cometió delitos antes, durante o después de su mandato.
Curiosamente, el tribunal nunca probó la propiedad del apartamento, inmueble localizado en el municipio de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo. El mismo fue tomado simbólicamente en 2018 por grupos sociales que denunciaron la injusticia, con carteles donde señalaban: “El pueblo sin miedo, si es de Lula es de nosotros; si no es de él, ¿por qué lo condenan?”.
En mayo de 2018, este apartamento de tres plantas por el que fue condenado por supuesta corrupción, fue subastado por 2,2 millones de reales (cerca de 606.400 dólares), según informó una casa encargada de la puja electrónica, que recibió más de 55.000 visitas.
Se desconoce la identidad del comprador, que se identificó con su nombre de usuario “Garujapar“, y ofertó el valor mínimo estipulado. El tribunal tampoco se preocupó por conocer quién era.
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