TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Justicia nicaragüense, controlada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, ordenó a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, informó este miércoles la institución educativa.
La UCA, fundada en 1960, confirmó a través de un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE, que el martes, a las 17:29 horas (23:29 GMT), recibieron un oficio de la jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, en el que le notificaron esa y otras medidas.
En el oficio se le notificó a la universidad jesuita «la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA», según el correo.
La jueza también ordenó «que la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos».
Asimismo, la judicial giró oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República, «para lo de sus cargos».
UCA RECHAZA SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS
«Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», explicó esa casa de estudios.
«Ante todo esto, la UCA reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años», añadió.
También agradeció «la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta Alma Mater».
En razón de ese oficio, la universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de hoy «todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad».
La semana pasada, las autoridades nicaragüenses congelaron las cuentas bancarias de la universidad jesuita e inmovilizaron sus propiedades, en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
Por su lado, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), adscrita a la Corte Suprema de Justicia, revocó el lunes pasado la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, cuatro meses después de que esa misma entidad le renovara la acreditación.
UCA PROTEGIÓ A ESTUDIANTES Y JESUITAS DESTERRADOS
En marzo de 2022 las autoridades nicaragüenses excluyeron a la UCA del 6 % de asignación constitucional que reciben anualmente las universidades.
En septiembre de ese mismo año prohibieron la entrada al país al vicerrector de la UCA Jorge Huete, después de un viaje de trabajo a Argentina.
El exrector de la UCA José Alberto Idiáquez, quien participó en un diálogo con el que se buscaba superar la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, tampoco pudo regresar al país en julio de 2022, después de viajar a México para atender problemas de salud.
La universidad jesuita fue escenario de decenas de marchas contra el Gobierno de Ortega, en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
También el 30 de mayo de 2018 abrió sus puertas a miles de estudiantes que buscaron refugio tras participar en una multitudinaria marcha opositora en Managua, denominada «La madre de todas las marchas», que terminó bañada de sangre, justo después de que Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que «Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos».
Además, acogió la exposición «Ama y no Olvida: Museo de la Memoria contra la Impunidad», impulsada por la Asociación de Madres de Abril (AMA), que busca recordar a los caídos durante las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.
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