El presidente Joe Biden se juega en estos días buena parte de su peso político y de su legado. Y todo está en manos del Congreso. El sólo puede ejercer su renombrado poder de negociación. Aunque hasta ahora no le dio resultado. Continúa con tres frentes abiertos, la dura oposición republicana dominada por el ala más conservadora y trumpista, y la profunda división en su propio partido entre moderados y progresistas. El asunto más inmediato es el aumento del límite de endeudamiento para que su Administración pueda seguir pagando la deuda nacional. El segundo es la ley de Infraestructura para la que está pidiendo 1 billón de dólares y que podría permitir renovar puentes y carreteras, impulsar la energía no contaminante y crear millones de puestos de trabajo. Y la tercera, que va concatenada con la segunda, es su proyecto más ambicioso de la Ley de Reconciliación, el de la reforma del sistema social, para el que busca otros 3,5 billones de dólares.
El viernes, Biden, fue a discutir la agenda con sus correligionarios demócratas en el Capitolio. Su aliada, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, le había prometido aprobar la ley de Infraestructura para ese mismo día. Todo se empantanó cuando dos senadores demócratas centristas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, pusieron en duda su apoyo a ese proyecto y, sobre todo, al segundo de la reforma social. Dicen que lo único que quieren es que se restrinjan los gastos, pero el ala izquierdista demócrata los acusa de responder a los grupos de interés de la industria petrolera –que se opone a un mayor subsidio a la energía renovable-. Y los progresistas se niegan a aprobar una ley si no tienen garantías de que también será aprobada la segunda. “Están concatenadas, forman un plan integral de reforma económica, y es lo que quiere la clase trabajadora estadounidense, lo dicen las encuestas sistemáticamente”, dijo el senador Bernie Sanders en el clásico programa político de los mediodías del domingo “Meet the Press”.
En el medio apareció la urgencia de aprobar el aumento de la deuda para no tener que “cerrar la administración”. El lunes, Biden, lanzó desde la Casa Blanca un duro mensaje para sus rivales Republicanos. Los acusó de usar una maniobra parlamentaria para bloquear la ley que aumenta o suspende el límite de endeudamiento. Si no se aprueba, aseguró que el gobierno tendrá que dejar de funcionar antes de fin de mes y no se podrán pagar los sueldos estatales o las pensiones. Y les enrostró que durante el gobierno de Trump se añadieron otros 8.000 millones de dólares a la deuda de Estados Unidos y ahora se niegan a pagar los recortes de impuestos y gastos ya aprobados.
El presidente, incluso, propuso a sus rivales la que podría ser una solución que lavaría las caras a los dos bandos: aprobar la legislación para elevar el techo de endeudamiento con una mayoría simple en lugar de con un margen de 60 votos como se exige hasta ahora. Ese plan, en teoría, eximiría a los senadores republicanos de aprobar un aumento y, al mismo tiempo, permitiría a los demócratas evitar la inclusión de la medida sobre el límite de endeudamiento en su proyecto de reforma la red de seguridad social. Y, de paso, los azuzó un poco. “Los republicanos no sólo se niegan a hacer su trabajo, sino que amenazan con utilizar su poder para impedir que hagamos nuestro trabajo: Salvar la economía de un evento catastrófico…Creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y vergonzoso. Quítense del medio”, les dijo/Infobae.
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