Los funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lamentaron la decisión de los miembros de la Sala de lo Penal que ordenaron al Tribunal Anticorrupción que se repita el juicio de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
“Consideramos inaudito que un magistrado vinculado a actos de corrupción en el caso del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) sea parte de quienes estén adoptando una resolución inscrita en la impunidad en aparente allanamiento de su propio escenario, si es que algún día es sometido a la justicia”, indicaron en un comunicado oficial.
El CNA se refiere al presidente de la Sala de lo Penal. José Olivio Rodríguez, quien es acusado por haber sobrevalorado la compra de un equipo por más de 20 millones lempiras. El cual estaba destinado a la regional del Instituto de Formación Profesional (Infop) en el departamento de Olancho, cuando el señalado trabajó para esa institución del Estado.
El Consejo Nacional Anticorrupción consideró como “déspota” resolución de celebrar un nuevo juicio en el caso «Caja chica de la dama». “Externamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional que este triste episodio que sacude negativamente a la realidad hondureña es la clara expresión que el Pacto de Impunidad”.
Con estas acciones, el CNA cree que este acuerdo por la impunidad ha tomado vigor después de la expulsión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la desarticulación de Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
“Por primera vez en Honduras se aplicó justicia con todo el peso de la ley a una ex primera dama y su exsecretario privado, donde se evidenciaron actos al margen de la ley con respaldos probatorios suficientes”, consideraron.
Los miembros del CNA consideran que un momento que existe una histeria colectiva por la pandemia del Coronavirus, la Sala Penal decidió anular el juicio que la encontró culpable por los delitos de apropiación indebida y ocho fraudes que dejaron como resultado una reclusión de 58 años.
Los magistrados se «lavan las manos» de la epidemia de la corrupción, demuestra que los corruptos ajusticiaron el Estado de derecho y asfixiaron la deficiente democracia para imponer una época llena de injusticias, ilegalidades, compadrazgos, despotismo y totalitarismo.
Insisten que desde el Estado se han venido desarrollando diferentes maniobras a fin de terminar de una vez por todas con el combate a la corrupción, por lo que esta resolución denota un claro retroceso y un zarpazo a la lucha ciudadana por la justicia, la transparencia y la honestidad.
Que este lamentable precedente muestra el camino que se tomará con los casos de corrupción denunciados y judicializados por la Ufecic en acompañamiento de la Maccih como artilugio para atacar y obstaculizar el trabajo de las instituciones que combatimos frontalmente a los corruptos.
Finalmente, consideramos inaudito que un magistrado vinculado a actos de corrupción en el caso del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) sea parte de quienes estén adoptando una resolución inscrita en la impunidad en aparente allanamiento de su propio escenario, si es que algún día es sometido a la justicia”.
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