TEGUCIGALPA, HONDURAS
La presidencia española del Consejo de la Unión Europea y, en especial, la cumbre que los Veintisiete celebrarán con la CELAC pueden ser una oportunidad para que la UE denuncie con «una sola voz» los retrocesos democráticos y de derechos humanos en algunos países de Latinoamérica, según HRW.
«La situación de los derechos humanos, del Estado de derecho y de la democracia en América Latina y el Caribe es bastante desoladora, ha habido una regresión democrática en muchísimos países», lamentó en una entrevista con EFE el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch (HRW) y excanciller de Costa Rica, Bruno Stagno.
A su juicio, España «tiene una trayectoria histórica, cultural, política y económica con la región» que le otorga «una influencia muy importante» de cara al encuentro que los líderes europeos y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe mantendrán en julio en Bruselas, en el marco de la presidencia española de la UE.
«Es muy importante que, en la cumbre, Europa pueda pronunciarse con una sola voz, condenando vehementemente los retrocesos democráticos», subrayó Stagno, que ha visitado Madrid para participar en reuniones preparatorias de la presidencia en las que la organización quiso asegurarse de que «España va a poner los derechos humanos en el centro de sus prioridades».
Ante las violaciones de derechos fundamentales en países entre los que citó a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba, «Europa tiene que presentarse como totalmente intransigente».
MÁS «ACTIVISMO JUDICIAL» CON HUNGRÍA Y POLONIA
Durante las reuniones preparatorias para el próximo semestre también se abordó el Estado de derecho en Europa, en concreto la situación de Hungría y Polonia, «dos países que han estado bajo el artículo 7 del Tratado de Lisboa», un mecanismo de protección de los valores fundamentales de la UE que prevé en última instancia la retirada del derecho a voto del país infractor en el Consejo.
«La UE lleva varios años tratando de ponerles algún grado de presión bajo el artículo 7, pero se le ha dado largas al asunto», lamentó Stagno.
En el caso concreto de la ley húngara contra el colectivo LGTBIQ+, que la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que viola los derechos del colectivo y los valores del bloque, Stagno celebró que «España haya tomado una posición» y se haya sumado, junto a otros catorce países, al procedimiento de infracción.
«Es una medida que celebramos: judicializar y llevar a la Corte a los países que están adoptando medidas que violan los derechos fundamentales», dijo.
Asimismo, pidió «más activismo judicial, más condena abierta política y diplomática» y «seguir utilizando los procesos de condicionalidad» de los fondos europeos para revertir estas situaciones.
UNA UE «INCOHERENTE» EN MIGRACIÓN
En cuanto a la cuestión migratoria, Stagno calificó a Europa de «incoherente» y criticó que los países se hayan mostrado «sumamente solidarios con la situación en Ucrania, acogiendo con los brazos abiertos a un buen número» de refugiados, pero hayan prestado «un trato muy diferenciado cuando se trata de personas que vienen huyendo de conflictos o guerras» desde Yemen, Etiopía, Eritrea, el Sahel, Mali, Burkina Faso o la República Democrática del Congo.
«Ahí vemos que Europa no es solidaria», lamentó, al tiempo que pidió al bloque comunitario establecer «canales legales y seguros para que las personas que estén en riesgo político y cuyas vidas estén en peligro puedan acceder a Europa de manera legal y segura».
Asimismo, criticó la decisión de Italia de establecer el estado de emergencia migratorio como respuesta al incremento de las llegadas de migrantes y pidió al resto de socios europeos «que sean muy claros en su condena a esas medidas que se están adoptando».
Sobre la guerra en Ucrania, Stagno reconoció que «Europa ha hecho con respecto a Rusia mucho de lo que podía hacer», pero criticó el «doble rasero» en otras situaciones en las que «no está mostrando la misma voluntad», lo que, a su juicio, pone en cuestión «la integridad de la postura europea con respecto a la protección de los derechos humanos y el Derecho internacional».
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