TEGUCIGALPA, HONDURAS
Este martes 6 de diciembre desde las 6:00 de la noche comienza el estado de excepción en 87 sectores del Distrito Central y 73 de San Pedro Sula, con miras a bajar la incidencia criminal que mantiene de rodillas a sectores productivos del país.
La última vez que hubo estado de excepción en Honduras fue para la pandemia de COVID-19. En ese entorno ocurrió la muerte de la joven Keyla Martínez en una celda policial en La Esperanza, Intibucá. De ahí que la medida es rechazada por algunos sectores que consideran un escenario propicio para el irrespeto de los derechos humanos de los ciudadanos.
La medida de excepción ha sido una práctica casi recurrente en los últimos años en Honduras, que se ha utilizado para aplacar protestas ciudadanas por la situación política, así como por emergencias sanitarias.
Luego de su publicación del decreto en las últimas horas en el diario La Gaceta, se detalla los barrios y colonias de los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula que estarán en estado de excepción a partir del martes.
El artículo 1 del decreto PCM 20-2022 establece suspender las garantías constitucionales desde las 6:00 de la noche del martes 6 de diciembre hasta las 6:00 pm del 6 de enero de 2023.
En el mismo artículo faculta a la Policía Nacional detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en el decreto.
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, notificó a sus ciudadanos sobre la medida de estado de excepción que entra en vigencia este martes.
“Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que lleven consigo una identificación en todo momento, cumplan con todas las leyes locales y sigan las instrucciones de la policía. Los ciudadanos estadounidenses que son arrestados en el extranjero deben solicitar hablar con la Embajada o Consulado más cercano tan pronto como sea posible”, reza la publicación de la embajada norteamericana.
El artículo instruye que la libre circulación se realizará con normalidad en todo el territorio, aún en las zonas con estado de excepción y sólo podrá ser restringida por las causales establecidas.
Los agentes policiales deberán identificarse al momento de la detención, explicar los motivos y respetar el derecho de los detenidos.
Asimismo, convocó al Congreso Nacional para que en un plazo de 30 días conozca el decreto, lo ratifique, modifique o lo impruebe.
Pequeñas incisiones al crimen
El ministro de seguridad, Ramón Antonio Sabillón arguyó que el estado de excepción va orientado a suspender derechos de integrantes de grupos criminales, no así de las personas honradas que se dedican a trabajar y a hacer el bien.
“La excepción va dirigida en contra de las personas con accionar criminal, no contra nuestra población que debe sentirse segura porque lo vamos a proteger en su integridad física y en su entorno domiciliario”, expresó.
El secretario de Seguridad explicó que la práctica señala que los criminales se mueven de un lugar a otro, por ello uno de los objetivos de la medida de excepción es limitar esa movilidad, tanto de los criminales como de los recursos que utilizan para cometer sus fechorías.
Pidió no comparar las medidas tomadas por Honduras con lo que actualmente sucede en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha declarado “la guerra” a las maras y pandillas. “Son similares los objetivos, pero hay algunas diferencias, especialmente por el ordenamiento jurídico de allá”, reforzó.
Se trata de pequeñas incisiones que vamos a hacer -continuó Sabillón- para bajar los niveles del accionar de los grupos criminales.
Pidió a la ciudadanía no tener preocupación porque -según él- apenas se están interviniendo dos de 298 municipios, y el estado de excepción es parcial, por lo que aseguró total normalidad en el resto del país.
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