TEGUCIGALPA, HONDURAS
Honduras ha entrado en una zona de peligro institucional sin precedentes. Según el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, el país no solo se estanca, sino que retrocede aceleradamente, consolidándose como uno de los focos rojos de integridad en el continente americano.
Con una calificación de apenas 22 puntos sobre 100, la nación centroamericana ha caído al puesto 157 de 182 países, confirmando que los esfuerzos gubernamentales por limpiar la administración pública han sido, hasta ahora, insuficientes o inexistentes.
El abismo centroamericano
Mientras vecinos como Costa Rica mantienen estándares de gobernanza por encima de los 50 puntos, Honduras se codea en la parte baja de la tabla con Nicaragua y Haití. Este aislamiento no es casualidad; es el resultado de un «deterioro relativo» donde, mientras el mundo avanza hacia la digitalización y la transparencia, el sistema hondureño parece anclado en prácticas del pasado.
La ENEE: El agujero negro de las finanzas públicas
El informe es lapidario al señalar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como el símbolo máximo de la corrupción estructural. Lo que debería ser el motor del desarrollo nacional se ha convertido en un drenaje de recursos:
* Deuda asfixiante: Alcanza los L 114,499.1 millones.
* Pérdidas operativas: Entre 2022 y 2025, el país «perdió» 46 mil millones de lempiras, dinero que se ha restado directamente de la construcción de hospitales y escuelas.
Analistas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierten que el manejo de la estatal no responde a criterios técnicos, sino a una «estructura capturada» por intereses políticos que evaden cualquier control fiscal.
Un sistema de justicia bajo sospecha
El retroceso de tres peldaños en el ranking global coincide con una tendencia peligrosa: el debilitamiento del liderazgo político y la reducción del espacio para que periodistas y sociedad civil auditen al poder.
A diferencia de países como República Dominicana, que ha logrado escalar posiciones mediante procesos judiciales independientes contra figuras de alto perfil, en Honduras la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.
El llamado de auxilio
La conclusión del informe 2025 es un ultimátum para la clase política hondureña: fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una justicia independiente ya no son «metas de gobierno», sino condiciones de supervivencia para evitar el colapso total del sistema democrático.
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