TEEGUCIGALPA, HONDURAS. Por la comisión de 139 delitos de fraude en concurso ideal medial con el delito de falsificación de documentos públicos, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, declaró culpable a Doris Obdulia Gradiz Sevilla, exempleada de Salud, y se le impuso una condena superior a los mil 500 años de reclusión.
«Los hechos probados durante el juicio oral y público, demostraron que la señora Gradiz Sevilla, aprovechando que realizaba pasos exigidos por el sistema de Salud para el otorgamiento de becas de estudio, introdujo a 139 personas que no eran estudiantes de carreras afines al área de salud», detalló el poder Judicial.
En ese sentido, se constató que las personas beneficiadas no figuraban en los listados de las universidades, no centros médicos y tampoco en los acuerdos ministeriales de la Secretaría de Salud, lo que causó perjuicio para el Estado de 10 millones 276 mil lempiras con 17 centavos, por el otorgamiento de dichas becas.
#TribunalDeSentencia en Materia de Corrupción encuentra Responsabilidad Penal para una exfuncionaria de la Secretaria de Salud por 139 delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos. pic.twitter.com/tOAxxDZ1uu
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) January 29, 2020
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Otros implicados en el fraude
Cabe destacar que en esa misma causa estaban implicados Karla Regina Alfaro, Loyda Clememtina Ventura, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Manza, a quien el ente acusador del Estado les imputó en aquel entonces el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Sin embargo, fueron absueltos de responsabilidad penal; es decir que se les revocó las medidas cautelares impuestas en virtud del fallo aboslutorio. Mientras que, la señora Dradiz continuara bajo las medidas de prisión preventiva.
Es oportuno recordar que los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2016, periodo de tiempo en que la imputada se desempeñaba como técnico en planillas en la Secretaría de Salud.
La defensa
Para el abogado Efran Aguilar, abogado defensor de Gradiz, la decisión de los jueces sobre la condena de su representada «es histórica», porque la exfuncionaria enfrentaría una pena superior a los mil 500 años de prisión.
Lo anterior puesto que, por cada delito de fraude y falsificación de documentos, la pena mínima es de 7 años y seis meses de prisión; y una pena máxima de 11 años y tres meses.
«La pena no es justa, no compartimos la decisión, pero la respetamos«, dijo Aguilar, al tiempo que aseguró apelarán la resolución del Tribunal.
Dato
El Tribunal agendó para el jueves 23 de febrero de 2020 la audiencia de individualización de la pena a partir de la 1:30 pm.
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