El pasado 8 de Marzo, 2022 el congreso de la republica de Guatemala aprobó una de las leyes más inhumanas bajo la consigna «de la protección de la vida y la familia»; La propuesta 5272, también conocido como el Decreto 18-2022 es una iniciativa que atenta contra la diversidad y la libertad individual.
La ley modificaría el código penal para criminalizar los abortos espontáneos e imponer penas de prisión a quien “promueva o facilite el acceso al aborto”. También prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza de la diversidad sexual y la igualdad de género en las escuelas, y proscribe la persecución penal de personas o grupos por discriminar a otros por su orientación sexual.
La «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» fue aprobada por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra. Sin embargo, para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Según la propuesta:
Quien sea; en público o en privado; directa o indirectamente; por iniciativa propia o de terceros; con o sin fines de lucro, promueva o facilite medios para practicar un aborto, será sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.
Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover políticas o programas relacionados con la diversidad sexual y la ideología de género de los adolescentes o enseñar y normalizar conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o incompatibles con la biología y la genética humana.
Ante la existencia de grupos minoritarios en la sociedad guatemalteca, que proponen pensamientos y prácticas incompatibles con la moral cristiana, y que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro a la paz y convivencia armónica de las grandes mayorías de guatemaltecos es necesario dictar disposiciones legales que brinden plena protección a las instituciones del matrimonio y la familia.
Esta iniciativa pretende presentarse como un esfuerzo ideológico del ala conservadora del país. Sin embargo, representa más bien un esfuerzo de proselitismo oportunista que busca dividir a los guatemaltecos a costa de las libertades individuales de algunas minorías.
Al menos 32 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+, y en lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos. El país también ha sufrido niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y el país registró más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
Una violación de los derechos humanos y los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.
El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, comentó que la ley “viola los derechos humanos” y “viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala”. El funcionario añadió que los políticos “hablan de la familia y la vida” cuando “en la práctica hacen otras cosas”.
Lucrecia Hernández Mack, diputada del partido Semilla, expresó la noche de la aprobación que, la ley “irrespeta y viola el derecho a la libre expresión del pensamiento” y “viola la libertad de credo” en un país constitucionalmente laico. Samuel Pérez, también diputado del mismo partido, indicó ante sus compañeros del Congreso que la norma “en realidad debería de llamarse ley para encarcelar y matar mujeres” y agregó que “es una de las cosas más descaradas que están haciendo en esta legislatura y encima de todo lo hacen el Día de la Mujer”.
«O lo engavetan o lo veto…»
Durante un mensaje a la Nación, el presidente Alejandro Giammattei anunció que de llegar al despacho del Ejecutivo, la Iniciativa de Ley 5272, que da origen al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido parte.
“En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida, no podemos unir una cosa con la otra”, expresó el mandatario.
El presidente dijo que se había comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que “el Congreso de la República mande a archivar” la ley. “En caso contrario, he decidido que si esta ley llega a mi despacho la misma será vetada”, expresó.
Capital Próvida Iberoamericana
Un día después, de la aprobación de la ley, Guatemala fue declarada como Capital Próvida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto, que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución.
Ese mismo día, el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia. Develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.
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