Al referirse a los desafíos que enfrenta actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Honduras, se pronunció a favor de implementar la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) para proveer un servicio accesible y confiable.
Dicho llamado se hizo público luego que representantes de la embajada estadounidense se reunieran de forma presencial con el recién nombrado Gerente Interino de la ENEE, Erick Tejada.
«En conversación con @TejadaCarbajal (Erick Tejada) abordamos desafíos que enfrenta la @EneeHnoficial. La implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica es el camino para proveer energía accesible y confiable», publicó en su cuenta oficial de Twitter la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
Es oportuno mencionar que la LGIE entró en vigencia en julio de 2014 bajo el decreto número 404 – 2013, con el propósito de volver competitivo el mercado eléctrico, sin embargo; a casi ocho años de su aprobación, la misma no se ha implementado en su totalidad a pesar de ser un modelo con resultados exitosos y comprobados a nivel latinoamericano.
Recientemente la empresa privada también exigió la implementación de la LGIE, al argumentar que la aplicación de esta normativa permitirá grandes ventajas para el subsector eléctrico y por ende se reflejarán en beneficios directos para los usuarios de la estatal, a través de un menor costo en la tarifa, mejor calidad del servicio y sobre todo, reducir la incidencia de los temidos racionamientos de energía.
“Hay que implementar la Ley de la Industria Eléctrica, no sé qué planes tendrá el nuevo Gobierno, pero hay que implementarla”, manifestó el vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Mateo Yibrin.
En similares términos y a favor de la implementación de la LGIE se han pronunciado organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desatrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica; mismos que coinciden que esta normativa representa un paso indispensable y urgente para la modernización y mejora del subsector eléctrico.
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