Unos 3.000 empleados de centros sanitarios franceses que no están vacunados fueron suspendidos de empleo el miércoles en el primer día de aplicación de la obligación de inmunizarse contra el covid para esos colectivos, anunció hoy el ministro de Sanidad, Olivier Véran.
En una entrevista a la emisora RTL, Véran hizo hincapié en que muchas de esas suspensiones “son solo temporales” y también en que ese número representa una parte mínima de los 2,7 millones de personas para las que es ahora obligatoria la vacunación si quieren seguir trabajando en servicios de atención a personas frágiles.
Además, hizo notar que los suspendidos no son mayoritariamente sanitarios, sino que trabajan en lavanderías y otros servicios de soporte de los centros.
Junto a esas 3.000 suspensiones, también hubo en la primera jornada de obligación “unas decenas” de dimisiones.
El ministro subrayó que “estamos muy lejos” de las cifras de 200.000 a 300.000 que algunos habían dado de los sanitarios que podrían faltar en la atención médica o en las residencias por ser refractarios a la vacunación.
La vacunación obligatoria, establecida por una ley de urgencia adoptada a comienzos de agosto, estipula que desde el 15 de septiembre los colectivos concernidos deben demostrar que han recibido al menos una primera dosis, y tener la pauta completa para el 15 de octubre.
Casi el 95 % de los médicos tenían al terminar la semana pasada al menos una dosis, y casi el 90 % del personal de las residencias.
Véran hizo, por otro lado, un llamamiento para que todas las personas que cada año reciben la vacuna de la gripe (entre 17 y 18 millones de personas) acudan a que se les administre una tercera dosis contra la covid.
”Esta tercera dosis es necesaria” porque esas personas tienen un sistema inmunitario más frágil, explicó.
Manifestaciones contra el certificado Covid
Cerca de 200 manifestaciones fueron convocadas el sábado pasado por toda Francia para protestar, por noveno sábado consecutivo, contra la obligación del certificado sanitario en muchos actos de la vida social y la imposición de la vacunación a ciertos colectivos profesionales, como los sanitarios.
El reto de los organizadores es conseguir invertir la tendencia que se ha venido constatando desde mediados de agosto, un periodo en el que se ha reducido semana tras semana el número de los que salían a la calle contra las medidas anunciadas el 12 de julio por el presidente, Emmanuel Macron.
Según los datos del Ministerio del Interior, el 4 de septiembre hubo 141.000 personas en los cortejos, después de los 165.000 contabilizados el 28 de agosto, 175.000 siete días antes y 215.000 el 14 de agosto.
En París, donde las fuerzas del orden estaban desplegadas ya en varios lugares de paso de las manifestaciones a primera hora de la tarde, se habían convocado al menos cuatro manifestaciones, con organizadores de cariz ideológico muy heterogéneo.
En las últimas semanas se han producido algunos incidentes al final de las marchas tanto en la capital como en algunas otras ciudades, con enfrentamientos con la policía y detenciones.
Esta nueva jornada de oposición a la ley adoptada de urgencia en julio para luchar contra el coronavirus se produce a cuatro días de que entre en vigor una de sus disposiciones: la obligación de la vacunación para los sanitarios y otros colectivos que trabajan de forma cotidiana con personas frágiles como mayores/con información de EFE.
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