El Parlamento francés aprobó este lunes el uso del certificado sanitario como una de las principales medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus a pesar de las protestas registradas durante el fin de semana en varios puntos del país.
Con 156 votos a favor, 60 en contra y 14 abstenciones, la medida salió adelante, tal y como ha informado el diario ‘Le Figaro’. Así, las nuevas restricciones, que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores, como el sanitario, fue aprobada después de unas protestas que se saldaron con decenas de detenidos.
El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció la semana pasada que el certificado, deberá mostrar que la persona tiene una pauta de vacunación completa, un test negativo del coronavirus de las 48 horas anteriores o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.
A partir de agosto, el documento será necesario para entrar a bares, cafeterías y restaurantes, tanto terraza como interior; medios de transporte públicos de largo recorrido y ferias profesionales, que se suman a los lugares donde es obligatorio desde el 21 de julio: museos, teatros, monumentos, salas de deporte y espectáculo.
Los centros comerciales han quedado exentos de la medida, aunque corresponderá a las autoridades locales imponer el uso del certificado sanitario en ellos si lo consideran necesario.
Los adolescentes de entre 12 y 17 años no tendrán que presentarlo hasta el 30 de septiembre, pues empezaron a vacunarse más tarde. Este grupo sólo requerirá la autorización de uno de los padres para vacunarse y ninguna para los menores con 16 y 17 años.
Los trabajadores de los lugares afectados también tendrán que presentar el documento, pero a partir del 30 de agosto. Si no tienen un justificativo, podrían ser suspendidos sin salario.
El texto prevé multas de 135 euros (casi 160 dólares) para los infractores y hasta seis meses de prisión y 3.750 euros (4.423 dólares) de multa en caso de una tercera reincidencia en 30 días. Para los profesionales, las sanciones por no controlar irán desde multas hasta cierres administrativos.
Los casos positivos confirmados deberán aislarse durante diez días y solo podrán salir en caso de urgencia o entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. La seguridad social podrá hacer controles del aislamiento y avisar a las fuerzas del orden si cree que no se está respetando.
El personal sanitario tiene obligación de vacunarse. Deberán tener al menos una dosis el 15 de septiembre y la pauta completa como muy tarde el 15 de octubre. De no ser así podrán ser suspendidos de empleo y sueldo, pero no despedidos, una introducción que aportaron los senadores.
Senadores y diputados acordaron en comisión mixta paritaria que la aplicación de estas medidas se condiciona a la prolongación del estado de emergencia sanitaria, hasta el 15 de noviembre (frente al 31 de diciembre que pedía el Gobierno). Cualquier nueva extensión debe ser aprobada por los parlamentarios.
Para muchos, no obstante, este certificado o ‘pasaporte sanitario’ supone una limitación de las libertades civiles. Si bien el partido de Macron cuenta con el control de la Cámara Baja, en el Senado el texto se ha topado con la oposición. La Cámara Alta aprobó finalmente la medida, pero añadió numerosas enmiendas que podrían limitar su impacto.
La ley debe ser ahora aprobada por el Concejo Constitucional antes de convertirse oficialmente en ley. La norma ya hacía obligatorio el certificado para acudir a cines, museos y cualquier evento con un aforo de más de 50 personas. A partir de agosto, el certificado será obligatorio para viajar en tren o avión, además de para acudir a bares y restaurantes.
A lo largo del fin de semana, unas 161.000 personas salieron a la calle, 11.000 de ellas en París. En total, unas 70 personas fueron detenidas, mientras que una treintena de agentes resultaron heridos.
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