La Fiscalía General de Costa Rica solicitó el jueves el levantamiento de la inmunidad y la apertura de un juicio contra el presidente Carlos Alvarado por tres presuntos delitos relacionados con la unidad a través de la cual la Presidencia recolectaba datos diversos de la población.
Por este caso, la Casa Presidencial en San José fue allanada el 28 de febrero de 2020 y posteriormente la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial en la que Alvarado rindió declaración. Y aunque la Fiscalía aún trabaja en la revisión de las computadoras y teléfonos celulares del presidente para extraer la información relacionada con el caso, se requiere que el mandatario pierda el fuero para que se le pueda enjuiciar.
El fiscal general interino, Warner Molina, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que gestione el levantamiento de la inmunidad de Alvarado y del actual diputado oficialista, Víctor Morales Mora, quien fue además ministro de la Presidencia.
Según la acusación, al presidente se le imputan los presuntos delitos de prevaricato —que implica dictar resoluciones contrarias a la ley—, fraude de ley y abuso de autoridad, pues la Fiscalía considera que bajo el mando de Alvarado y Mora la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) solicitó a instituciones públicas información restringida y sensible de los ciudadanos.
La UPAD existía bajo la justificación de que la obtención de datos de los ciudadanos podría mejorar el diseño de políticas públicas —como aquellas relacionadas al combate a la pobreza— o la elaboración de presupuestos institucionales. Bajo este supuesto, se podría acceder a datos de la población relacionadas con su ingreso o inclusive sobre sus expedientes médicos.
El presidente es señalado por haber firmado el decreto que creó la UPAD pese a que la solicitud de estos datos sensibles requiere de una ley especial.
El documento de la Fiscalía detalla que entre mayo de 2018 y febrero de 2020, los asesores integrantes de la UPAD “formaron parte de unidades ubicadas en Casa Presidencial dedicadas a la compilación y análisis de datos personales” de los ciudadanos “sin que mediara regulación alguna que avalara su funcionamiento”.
La Procuraduría General de la República confirmó el jueves que recibió la solicitud de apertura de juicio contra el presidente, por lo que la Procuraduría de la Ética Pública se constituirá en querellante contra el mandatario en representación del Estado.
Respecto al caso, Casa Presidencial no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, mientras que los abogados del presidente han dicho a medios de comunicación locales que consideran “precipitada” la acusación de la Fiscalía.
Para el levantamiento de la inmunidad de Alvarado se requiere del voto de 38 de los 57 diputados en la Asamblea Legislativa, mientras que el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos, ha pedido al mandatario que renuncie a su inmunidad.
Alvarado terminará su periodo presidencial de cuatro años el próximo 8 de mayo, mientras que este domingo se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas en primera ronda.
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