TEGUCIGALPA, HONDURAS
Hoy, 8 de septiembre de 2025, marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos y Honduras, con la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños. Esta medida deja a unos 55,000 hondureños desprotegidos y con la orden de abandonar el territorio estadounidense.
El TPS fue un salvavidas para miles de familias hondureñas durante más de dos décadas, desde su designación inicial en 1999 tras los efectos devastadores del huracán Mitch. Este programa permitió a aproximadamente 80,000 hondureños vivir y trabajar legalmente en EE. UU., contribuyendo de manera significativa a la economía estadounidense y enviando remesas cruciales a sus familias en Honduras.
La administración actual de EE. UU. ha justificado esta terminación argumentando que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente para que los beneficiarios regresen sin riesgos inminentes. Sin embargo, la decisión ha generado incertidumbre y un torbellino de emociones entre la diáspora, que enfrenta ahora la amenaza de deportación y la pérdida de la estabilidad económica y familiar que construyeron en EE. UU.
Desde su implementación, el TPS ha sido extendido múltiples veces por administraciones demócratas y republicanas, reconociendo problemas persistentes como la violencia de pandillas, la pobreza extrema y los desastres naturales en Honduras. A pesar de los esfuerzos legales, la resolución de 2025 representa la primera terminación real del programa.
Los beneficiarios del TPS tienen la orden de buscar otra vía migratoria o abandonar Estados Unidos de inmediato. La suerte de los «tepesianos» ahora pende de un pronunciamiento de una Corte de Inmigración programado para el 18 de noviembre, el cual podría otorgarles una extensión de tiempo, aunque la cancelación oficial del programa ya es un hecho.
COMENTARIOS