Washington. Menos de una semana después que Estados Unidos anunció más presión contra el régimen de Daniel Ortega en la Cumbre de las Américas, el Departamento de Estado canceló 93 visas a funcionarios sandinistas “que han socavado la democracia tras la ilegítima reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021″.
Entre los afectados hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación, instancias claves en el engranaje represivo en Nicaragua.
Hace once meses, Estados Unidos ya había aplicado una medida similar contra otros cien funcionarios. El secretario de Estado, Antony Blinken, remarcó que “Estados Unidos se mantiene firme contra los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo y la represión y el desprecio por el pueblo nicaragüense”.
En la misma línea que el Parlamento Europeo, que hace cuatro días propuso sancionar a jueces sandinistas, el Departamento de Estado insistió en la complicidad de los judiciales para condenar a opositores.
“Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega y Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes”, dice el comunicado emitido por el Departamento de Estado. “Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron que el régimen de Ortega y Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos y las instituciones nicaragüenses utilizando leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y a una docena de universidades de su condición legal”.
Durante la Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Los Ángeles, y a la que Ortega no fue invitado por Washington, el principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que preparaban una nueva ronda de sanciones contra el régimen. “Esperamos cambios profundos en su forma de actuar y, si no, vamos a tomar medidas para expresar nuestro desacuerdo con la presión política que existe en Nicaragua en este momento”, dijo Nichols sobre Ortega.
La última ronda de sanciones estadounidenses fue el pasado 10 de enero, después que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se proclamaron para un nuevo periodo de Gobierno, después de fraguar unas elecciones generales sin competencia. En esa ocasión, el Departamento del Tesoro sancionó a seis operadores del régimen: la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona de Rivas; el jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruíz; y al general de brigada y jefe del Departamento de Personal y Cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la Junta Directiva del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM), Bayardo De Jesús Pulido Ortiz.
En el comunicado que anuncia la cancelación de visas, el Departamento de Estado señala que el régimen “mantiene a más de 180 presos políticos, y muchos de ellos sufren la falta de alimentos adecuados, de atención médica apropiada e incluso de luz solar. Un preso político ha muerto, y otros permanecen en régimen de aislamiento”.
Horas después de conocerse la cancelación de visas, los presos políticos –a través de sus familiares– anunciaron que iniciarán una huelga de hambre “para demandar mejores condiciones y que permitan el ingreso de visitas de menores de edad”. La mayoría de los prisioneros políticos cumplieron un año en prisión este mes de junio, cuando Ortega lanzó una escalada represiva que anuló la competencia electoral.
“Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas. Los corruptos sistemas judicial y de seguridad del régimen detuvieron y procesaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al régimen represivo, actividades que deberían estar permitidas por la propia Constitución de Nicaragua o por cualquier sistema político democrático”, reclama el Departamento de Estado.
En mayo pasado, el diario The New York Times reveló que uno de los hijos de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, intentó un acercamiento con Washington para “aliviar sanciones” contra el entorno familiar. Sin embargo, al exigir la liberación de los presos políticos, el Gobierno de Ortega dio marcha atrás en el acercamiento. La relación se quebró por completo, según las fuentes citadas por el diario neoyorquino.
En su última aparición pública el 27 de mayo, en una cumbre del Alba que intentó hacer contrapeso a la Cumbre de las Américas, Ortega arremetió contra Estados Unidos y la Unión Europea. El mandatario dejó claro su acercamiento a Rusia y China.
“Hemos estado recibiendo mensajes en Washington a través del embajador para comunicar que hacemos lo que ellos dicen o vendrán sanciones más duras para Nicaragua y que les decimos, nosotros no podemos conversar en esas condiciones porque nosotros no somos de los que nos vendemos ni nos rendimos jamás”, dijo Ortega.
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