Para el epidemiólogo, Mario Mejía, el llamado que hizo el gobierno para que los empleados públicos que ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 se reintegren a sus labores es ecuánime.
En una circular, la Secretaría General de Gobierno instruyó “a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo que ya fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a reintegrarse a partir de la fecha sus labores normales cumpliendo con las funciones y horarios establecidos en sus respectivas instituciones”.
Mejía dijo que “quiero pensar que estas determinaciones surgen a raíz del análisis que siempre se realiza en la unidad de epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)”.
“Yo esperaría que las autoridades estarían concluyendo que en la población en términos de grupos de personas por edad, se ha incrementado el riesgo de contraer la enfermedad y desarrollando un cuadro de moderado a severo como lo estamos viendo en los centros hospitalarios”, señaló.
Religioso
“Entonces, lo que cabría preguntarse es porqué la gente no está asistiendo a sus centros de trabajo, cuando podría estar asistiendo a otros tipos de reuniones de orden familiar, político o religioso”, dijo.
“Partiendo de esos análisis, creo que la posición del gobierno podría ser ecuánime, aunque siempre tomándose con cautela, de hecho, hemos observado que todos los negocios de cualquier naturaleza están practicamente abiertos”, comentó.
“Entonces la pregunta es por qué los empleados públicos no están asistiendo a sus trabajos, cuando la empresa privada, en un alto porcentaje, lo está haciendo”, señaló.
Sugirió que “el mismo gobierno debe asegurarse a través de alguna estrategia que todos sus empleados puedan cumplir con las medidas de bioseguridad en los sitios de trabajo como agua, jabón y mascarilla”.
“Si eso se garantiza o se promueve podríamos perfectamente hablar que los empleados públicos deben retornar a sus labores, no obstante, será difícil controlarlos cuando salen de sus oficinas”, finalizó.
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