Tegucigalpa. Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) recientemente obtuvo de parte de un juez con jurisdicción nacional un auto de apertura a juicio en la causa que se sigue contra José Manuel Gonzáles Duque acusado por el delito de lavado de activos en el marco de la Operación Cerbero el 4 de febrero de 2019.
La captura del supuesto socio del cartel de los Valle Valle la ejecutó la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en una lujosa residencia en el sector Río de Piedras de San Pedro Sula, el 23 de junio de 2021, siendo trasladado el día siguiente hacia Tegucigalpa para comenzar el proceso penal correspondiente.
El Ministerio Público versa en la acusación contra José Manuel Gonzáles Duque la no justificación económica lícita de su procedencia de la cantidad de doce millones doscientos noventa y siete mil seiscientos setenta y seis lempiras con 71/100 (L. 12, 297,676.61), lo que estaría ligado a actividades de narcotráfico.
El expediente del acusado, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, ha sido remitido por el juez con jurisdicción nacional adscrito a FUSINA a los Tribunales de Sentencia.
Por el caso denominado Operación Cerbero, esta semana la FESCCO logró la detención judicial de Wilson Amador Franco Perdomo acusado igualmente por lavado de activos, tras ser capturado en El Florido, zona limítrofe con Guatemala.
Este nuevo encausado se suma al primo del clan, Cruz Humberto Valle Valle, quien fue capturado en agosto de 2021 en Guatemala por la Organización International de Policía Criminal (INTERPOL), por tener orden de captura en Honduras por el delito de lavado de activos, quien se encuentra con proceso penal vigente.
Además, ya fueron condenadas 10 personas: José Humberto Gutiérrez Cueva, José Reyniero Valle Valle, Óscar Guillermo Cuestas Valle, María Liliberh Asmon Interiano, Petrona Interiano Paredes, Félix Antonio Gutiérrez Valle, Francis Giovanni Méndez Pineda, Esmilda Hurtado, Yannet Morlovin Martínez García y Héctor Adonay Murcia Valle.
En la Operación Cerbero, el Ministerio Público, en cumplimiento a una orden emitida por un juez con jurisdicción nacional en materia penal, ejecutó 10 capturas y además efectuó 22 allanamientos de morada, dos inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 13 bienes inmuebles y 32 vehículos en los departamentos de Copán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida.
Este caso se relaciona con las investigaciones que en el transcurso de los años se han realizado contra la estructura criminal liderada por los señores Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, las que iniciaron en el año 2000 y que derivaron en procesos penales, uno de los cuales culminó con la condena dictada por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas contra el señor Luis Valle Valle en fecha 8 de febrero de 2003, por el Juzgado Seccional de Tocoa, Colón, antecedente que consta en el expediente judicial número 367-2000, proceso en el cual recuperó su libertad en fecha 15 de junio de 2005 por decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida.
De igual manera, consta como antecedente la denuncia por lavado de activos presentada en contra de los señores Valle Valle en fecha 26 de octubre del año 2001 en el Juzgado Seccional de Nueva Arcadia, Copán, mediante la cual se aseguraron 18 propiedades; asimismo, las acciones de aseguramiento e incautación de bienes realizada en fecha 18 de agosto de 2014 en un proceso de privación de dominio y, finalmente, en el proceso instado contra miembros de la estructura los que fueron condenados en fecha 20 de noviembre de 2017 por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tráfico de armas.
En virtud de los anteriores antecedentes, se obtuvo documentación financiera, tributaria y patrimonial de diversas personas, la que después de haber sido sometida al análisis correspondiente permite establecer que los imputados en el presente caso se encuentran relacionados con la mencionada estructura, no solo por vínculos familiares sino que además por transferencias y traslado de dinero a través del sistema financiero nacional, administración en sociedades mercantiles, traspaso y actos de disposición sobre bienes, entre otros.
Al final, el Ministerio Público pudo constatar que los activos objeto de dichos actos no tienen causa o justificación económica ni legal de su procedencia y que en virtud de los antecedentes mencionados proceden de actividades relacionadas con la narcoactividad.
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