El Tribunal ha declarado este jueves que el fiscal Cyrus R. Vance tiene la potestad para analizar las cuentas y ha quitado la razón a Trump, quien esgrimía una supuesta inmunidad presidencial mientras se encuentre en el cargo.
“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, asegura el escrito publicado por los jueces del Tribunal Supremo.
Al presidente le ha faltado tiempo para reaccionar a la decisión en Twitter. “Esto es una persecución política”, ha asegurado en un tuit, al que ha añadido después este comentario: “Los tribunales han tenido “amplia deferencia” en el pasado”, PERO NO PARA MI”.
El fiscal Vance está investigando si la organización Trump falsificó los registros de impuestos para encubrir pagos hechos a dos mujeres con el objeto de silenciarlas. Una de esas mujeres sería la actriz porno Stormy Daniels, quien aseguró haberse acostado con el magnate antes de que jurase el cargo como presidente. Él lo ha negado en todo momento.
El juez ha reclamado las declaraciones de impuestos porque Trump, contrariamente a lo que han hecho todos sus predecesores en el cargo, se negó a hacerlas públicas.
Dado que los documentos han sido requeridos en el marco de la investigación de un gran jurado, es probable, según publica The Washington Post, que no sean accesibles antes de las elecciones de este año. The New York Times, por su parte, apunta la posibilidad de que los documentos permanezcan al margen del escrutinio público de forma “indefinida”.
Los jueces sí, el Congreso no (todavía)
En una decisión aparte, el Supremo ha determinado que el Congreso no tendrá acceso, al menos de momento, a la mayoría de esos documentos fiscales de Trump.
El alto tribunal justifica su decisión argumentando que los tribunales inferiores no han considerado adecuadamente los problemas que para la separación de poderes plantea este caso.
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