El Salvador superó las 17.000 capturas de supuestos pandilleros bajo un régimen de excepción que se acerca al fin de su primer término, pero, que continuará hasta finales de mayo tras la aprobación de su extensión en el Congreso. La medida ha sido denominada por Amnistía Internacional (AI) como una “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”.
El Legislativo otorgó poderes especiales al gobierno del presidente Nayib Bukele a finales de marzo para lanzar su “guerra contra las pandillas” y este domingo le garantizó la continuidad, pero, dicha ampliación entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial.
La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo pasado el estado de excepción por 30 días luego de una oleada de asesinatos que en tres días cobró la vida de 87 personas, asesinatos que solo el día 26 de marzo llegaron a 62. Esta es la cifra más alta en la historia reciente del país centroamericano registrada en un solo día.
El vencimiento de los primeros 30 días de la suspensión de garantías constitucionales se cumpliría el miércoles 27 de abril, pero el sábado por la noche el presidente Bukele convocó al Consejo de Ministro para que solicitara al Congreso la ampliación del estado de excepción.
La Constitución salvadoreña señala que se deben mantener las mismas condiciones que propiciaron la aprobación del régimen de excepción para que este se pueda ampliar.
El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que a pesar de haber controlado la ola de asesinatos, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales por la cantidad de pandilleros en libertad.
El Ejecutivo, que cifra en más de 70.000 la cantidad de pandilleros en territorio salvadoreño, argumentó que la “ola criminal” se mantiene “a pesar de las capturas y la disminución de homicidios”.
La nueva propuesta llegó la tarde del domingo y fue aprobada en la noche por el oficialismo con el apoyo de partidos aliados y sin análisis ni discusión parlamentaria.
Con esta ampliación, quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión y a la defensa en caso de detención. También, la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
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