TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Salvador entró por primera vez a la lista del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) sobre crisis humanitarias más desatendidas del mundo, ocupando el noveno lugar, de acuerdo con un comunicado de la ONG difundido este jueves.
En la lista aparecen Colombia -también por primer vez- y Venezuela.
La fuente señaló que «la falta de financiación es la principal razón de la inclusión de Colombia y El Salvador en esta alarmante clasificación, mientras que la prolongada crisis en Venezuela sigue teniendo impactos en la población».
El Salvador, que ocupa el noveno lugar de la lista, «también se enfrenta a una grave crisis humanitaria que permanece relativamente desapercibida en todo el mundo», apunta.
Al igual que sus vecinos Guatemala y Honduras, señala, «la violencia persistente, los recurrentes y extremos eventos climáticos y la pobreza y la desigualdad generalizadas causan necesidades humanitarias en El Salvador».
«A pesar de ello y de la situación en Centroamérica, el mundo sigue mirando hacia otro lado, como lo ejemplifica la financiación de los donantes internacionales que apenas aportaron el 27 % de los recursos humanitarios necesarios para El Salvador en 2022, lo que convierte a esta crisis en una de las situaciones con menor financiación del mundo», revela.
Tanto Colombia como El Salvador son nuevos en la lista de 2022, nunca antes habían sido incluidos en ella, agrega.
La lista completa en su orden es: Burkina Faso, República Democrática del Congo, Colombia, Sudán, Venezuela, Burundi, Camerún, Malí, El Salvador y Etiopía.
Tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos registraron y atendieron a más de 2,200 víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia social en El Salvador en los últimos tres años, según datos de la entidades brindados en febrero pasado.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo de 2021 bajo un régimen de excepción, que suspende varios derechos constitucionales.
Las organizaciones exigen al Estado que «las instituciones legalmente competentes para la aplicación de la ley se articulen» y «coordinen acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, prevenir más casos y propiciar las condiciones para sancionar a los victimarios, quienes en la mayoría de las ocasiones quedan impunes».
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