TEGUCIGALPA, HONDURAS
En relación al informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, ha respondido y afirmó que el estado de excepción sigue en vigencia y no descartó que este se siga prolongando.
Aseguró que su administración no permite ningún acto ilegal y reiteró que el estado de excepción es una herramienta jurídica que proporciona competencias especiales a la Policía Nacional, beneficiando a la ciudadanía.
El ministro subrayó que el estado de excepción ha contribuido a reducir la tasa de homicidios en casi 10 puntos, con una proyección de una disminución adicional de seis puntos. Además, informó sobre la incautación de más de cuatro toneladas de cocaína este año.
Al ser consultado sobre si el estado de excepción continuará respondió que ya se ha extendido por 45 días más, dijo desconocer si continuará la medida el próximo año, pero no descartó que este siga prolongándose en los siguientes meses, porque reafirmó que es una herramienta fundamental para la policía.
Calificó el documento de ASJ como «sesgado» y cuestionó la objetividad de la organización. Sánchez afirmó que la ASJ acompañó al «narco gobierno» anterior, al cual el actual gobierno no ha dado cabida en sus asesorías, acompañamientos y convenios.
Sánchez expresó que la reacción de la ASJ es en parte un buen mensaje, ya que en el pasado colaboraron con el narco gobierno y ahora critican a la actual administración. Sin embargo, insistió en que el informe de la ASJ no merece mayor reacción aparte del comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad.
El ministro destacó que su administración no se caracteriza por violentar los derechos humanos y criticó a la ASJ por guardar silencio durante el fraude electoral de 2017, donde murieron más de 20 personas. Resaltó que el gobierno actual es transparente y respetuoso de los derechos humanos, habiendo capturado a 34 miembros de la carrera policial solo este año, quienes han sido presentados ante las autoridades competentes.
Sánchez indicó que, si la ASJ tiene información específica sobre casos de abusos, sería beneficioso que la compartieran para tomar las medidas adecuadas.
Desde la implementación del estado de excepción el 6 de diciembre de 2022, se han realizado más de 1.3 millones de actuaciones policiales y se han incautado más de 12,000 armas de fuego. Sánchez afirmó que la única información precisa en el informe de la ASJ es el número de personas capturadas por extorsión que asciende a más de 400.
Sánchez, también criticó la metodología de la ASJ, indicando que la organización toma fragmentos de diferentes informes y encuestas cuya credibilidad cuestiona.
Aseguró que su administración enfrenta la criminalidad con todas las herramientas jurídicas disponibles, respetando la ley y los derechos humanos, y que, a pesar de la incomodidad que sus políticas puedan generar en algunos sectores, seguirán trabajando en la implementación de estrategias necesarias para mantener el orden y la seguridad en Honduras, reiterando que el estado de excepción es una de esas herramientas fundamentales.
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