El centro de pensamiento e investigación Expediente Abierto propuso este lunes una hoja de ruta de nueve pasos para refundar el Ministerio Público (Fiscalía General) de Nicaragua y llevar justicia a este país que atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018.
En el estudio “Un Ministerio Público para la democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”, elaborado por Alexander Rodríguez Campos, experto internacional en Ministerios Públicos, en colaboración con Expediente Abierto, se propone como primer paso la modificación de los nombramientos.
En vez de ser elegidos por la Asamblea Nacional (Parlamento), que, a juicio del experto, “compromete la independencia y objetividad de todos los fiscales”, es recomendable una reforma constitucional que establezca la conformación de un Consejo de la Judicatura.
Ese consejo sería el órgano rector que nombre y remueva a los magistrados de la Corte Suprema, así como al fiscal general y al fiscal general adjunto, según la propuesta.
El Ministerio Público es dirigido por la exguerrillera sandinista Ana Julia Guido, antigua subdirectora de la Policía Nacional, sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (EU) por crear una unidad especializada “para inventar casos contra prisioneros políticos” a raíz de las protestas antigubernamentales que estallaron hace cuatro años.
DEPURACIÓN DE FISCALES
Un segundo paso, según el estudio, sería la depuración del Ministerio Público.
El experto explicó que no sería una depuración total, pero sí se debe remover a aquellos fiscales que planificaron y ejecutaron actos de persecución jurídica contra opositores, ciudadanos o periodistas, a partir de abril de 2018, cuando estalló la crisis.
El estudio también recomienda prohibir a futuro la incorporación como fiscales de policías y militares retirados.
La hoja de ruta también plantea una reforma constitucional para crear una jurisdicción de justicia transicional, que debe estar integrada por investigadores, fiscales y jueces extranjeros, durante al menos seis años, “para sentar responsabilidades por violaciones de derechos humanos”.
Un cuarto paso sería el diseño y aprobación de políticas de priorización de casos, en el que se exija a la Fiscalía dedicarse a “investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos mas graves”, de acuerdo con la propuesta.
Un quinto punto sería la creación de una Policía Técnica de Investigación o Policía Judicial, que sea profesional y responda únicamente a los intereses de la Justicia.
Para su conformación, además de la unidad de investigación, deben sumarse los laboratorios de criminalísticas de la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia.
EVITAR LA IMPUNIDAD
Los otros pasos son la capacitación de fiscales para mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios, y la creación de estándares de medición profesional que permita evaluar anualmente el desempeño de los funcionarios.
La hoja de ruta también propone la fijación constitucional de un porcentaje mínimo y fijo para distribuir anualmente, cuyo monto debe “definirse considerando las necesidades de la Fiscalía, así como la incorporación de la Policía de Investigación, sin perjuicio de que en el futuro pueda ampliarse con más partidas de presupuesto”, según el estudio.
Por último, proponen establecer mecanismos de rendición de cuentas del Ministerio Público con la ciudadanía, que permita el escrutinio de observatorios, universidades, investigadores, agencias internacionales, entre otros.
Rodríguez Campos, quien es director de proyectos en Honduras del Centro Nacional para Tribunales Estatales (NCSC, por su sigla en ingles), una ONG con sede en Virginia, EE.UU., dedicada al fortalecimiento de la justicia y las cortes estatales en todo el mundo, subrayó que “los fiscales pueden llevar a juicio y evitar la impunidad de los crímenes”.
“Pero la utilización de las Fiscalías con fines políticos, como en Nicaragua, genera un ambiente propicio para la impunidad de los delitos más graves, entre ellos los relacionados con la corrupción de los funcionarios públicos”, advirtió.
Además, en vez de generar paz, contribuye a la inestabilidad ciudadana y de la democracia, y a la falta de credibilidad en el sistema de justicia, alertó.
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