Los legisladores Tim Kaine, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Patrick Leahy, presidente del Comité de Apropiaciones, ambos del Senado, urgieron a la administración del presidente Joe Biden a aprovechar el marco del diálogo estratégico con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para garantizar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) logre erradicar la corrupción “endémica”.
El gobierno de Xiomara Castro solicitó en febrero pasado –a pocos días de asumir el mando- el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer la comisión anticorrupción en el país.
En ese marco los legisladores instan al gobierno de Biden a dar prioridad a todas las líneas de acción.
“Pedimos que el Departamento de Estado inste a la administración Castro, al Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU y al Congreso de Honduras a garantizar que la Comisión tenga un mandato firme para erradicar la corrupción y la impunidad, reciba los fondos necesarios para lograr su misión, y que perdure más allá de la actual administración”, dicen los legisladores en carta remitida al secretario de Estado, Antony Blinken.
Los senadores ven también como fundamental ampliar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil hondureña que han sido actores clave en la lucha anticorrupción.
“Solicitamos su incidencia ante el gobierno de Honduras para asegurar la selección de un comisionado independiente y bien calificado. Si bien la solicitud de la presidenta Castro a la ONU es un paso positivo en general (…) los esfuerzos sostenidos de su administración y el Congreso hondureño serán fundamentales para defender a la Comisión y garantizar su éxito a largo plazo”, escribieron Kaine y Leahy.
Antes de consolidar la formación del ente investigador dirigido por la ONU y que tenga facultades autónomas para iniciar investigaciones en casos de corrupción y proceder al enjuiciamiento de los mismos dentro del sistema judicial del país, los legisladores consideran urgente trabajar en proactivo ante la elección de autoridades de justicia previstos para el próximo año.
“Instamos al Departamento de Estado a que ayude a garantizar que se tomen medidas fundamentales para garantizar su independencia y eficacia, especialmente antes de los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general el próximo año”, dijeron.
Desde la organización de la sociedad civil Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), su director ejecutivo, Carlos Hernández, dijo en días recientes a la Voz de América que si bien se reconoce el esfuerzo de instaurar una CICIH, también empaña el panorama de las reformas que el nuevo Congreso Nacional llevó a cabo-apoyado por el oficialismo- en crear una amnistía para presos políticos y de conciencia durante el gobierno de Manuel Zelaya, 2006 – 2009, que ha beneficiado incluso a implicados corrupción.
“Ese decreto de amnistía que se dio, y ya se aplicó para quien tenía que aplicarse, entre ellos un exministro de la presidencia que ha estado todo este tiempo en Nicaragua; esas son cosas que ya están pasando factura a la presidencia de Xiomara Castro”, comentó Hernández a VOA.
El índice de medición anual realizado por el observatorio Transparencia Internacional ubicó a Honduras en su reciente informe en la posición 157 de 180 países escrutados.
Para los legisladores estadounidenses es claro a partir de estas lecturas que “la corrupción desenfrenada ha sido un flagelo en Honduras desde hace mucho tiempo, frenando el dinamismo del pueblo hondureño e impidiendo el desarrollo social, económico y político del país. Debemos aprovechar esta ventana de oportunidad para lograr el progreso atrasado en este tema crítico”.
A la vez, creen que la corrupción está entre las causas que empuja las migraciones irregulares de centroamericanos hacia Estados Unidos.
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