Tegucigalpa, 28 de octubre. Una seria denuncia fue interpuesta hoy en la Fiscalía contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por contrataciones al margen de la ley.
La abogada Doris Madrid, denunció que en el portal de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNA) constan contrataciones de familiares en un segundo grado de consanguinidad.
De acuerdo con la denuncia, en el 2014, el CNA otorgó un contrato al ingeniero civil José Vásquez Fonseca, esposo de Vanessa Castellanos Lanza, hermana de Gabriela Castellanos.
Dicho contrato consistía en la prestación de servicios profesionales para el avalúo del edificio del CNA.
En el 2016, el CNA otorgó tres contratos al licenciado en ciencias jurídicas, Melvin David Cálix Navas, esposo de Karla Ivonne Rivera Flores, quien es hermana del esposo de Gabriela Castellanos, Marcio Geovanny Rivera Flores.
Este contrato consistía en prestación de servicio profesionales de asesoría en seguridad para el reclutamiento y selección de candidatos para la seguridad del jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos.
Ademas, un grupo de abogados denunció que desde el 2016, el CNA no rinde cuentas de 315 millones de lempiras que le ha otorgado el Estado.
“Dentro del Portal de Transparencia del CNA encontré contrataciones de familiares, dentro del segundo grado de consanguinidad de la actual directora ejecutiva del CNA”, denunció Madrid.
“Tales contrataciones las he denunciado como es mi obligación moral como ciudadana, por ser una violación ética, una práctica no acorde a los fines que persigue el CNA”, expresó.
Madrid explicó que el artículo 22, numeral 1, del Código de Ética del CNA indica que “no se permite la contratación de personas con relaciones conyugales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco se permiten las contrataciones directas de amigos o ex colegas”.
Rendición de cuentas
En ese sentido, un grupo de abogados presentó una formal denuncia ante el Ministerio Público, en contra del CNA, específicamente de su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, por la falta de rendición de cuentas.
El CNA fue creado como organismo independiente mediante Decreto Legislativo número 07-2005, con su personalidad jurídica, duración indefinida y patrimonio propio.
El Gobierno de la República incluiría anualmente en el presupuesto nacional, una partida como aporte adecuado a los gastos de la institución, sin perjuicio que este consejo procurara obtener fondos adicionales para su operación.
De acuerdo con uno de los abogados denunciantes, Jaime Banegas, son 315 millones de lempiras los que ha recibido el CNA del Estado para sus funciones pero nunca ha rendido cuentas de en qué se gasta estos fondos.
“La manera de construir ciudadanía es rindiendo cuentas, no podemos pensar a priori que alguien ha hecho algo bueno o algo malo, resaltar los indicadores de eficiencia que alguien dice tener si no rinde cuentas”, dijo el togado.
“Desde el 2016 vengo solicitándole al CNE que rinda cuentas, desde marzo del 2016, nunca he tenido una respuesta, hoy reitero esa solicitud entre 13 puntos”, manifestó.
“Queremos que nos digan a todos los hondureños en qué se gastan su presupuesto, cuál es su inversión en viáticos, cuál es su inversión en gastos de representación, viajes, sueldos y salarios, inversiones en vehículos blindados que desde luego andan ellos, necesitamos saber en qué se gasta su dinero, nunca lo han hecho, por lo menos ante este servidor que es ciudadano y es hondureño”, lamentó.
“Doña Gabriela Castellanos y Odir Fernández: yo tengo el derecho de saber en qué gastan ese dinero, son 315 millones de lempiras de los que nunca han dado cuentas desde que ellos presiden esa institución”, expresó.
“Ellos, “Gabriela Castellanos y Odir Fernández” cacarean muchas denuncias contra ciudadanos de este país, algunas con éxito y otras sin éxito, eso está bien, pero también tienen la obligación de rendir cuentas y nadie dice nada”, concluyó.
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