TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público notificó en las últimas horas de la resolución de una Corte de Apelaciones Natural que conoce el caso conocido como «Red de Diputados», mediante la cual declara «Con Lugar» los Recursos de Apelación interpuestos por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en contra de la decisión de un Juez Natural de archivar extrañamente la presente causa.
En ese sentido, el Tribunal de Alzada Designado ordenó se dicte la resolución correspondiente en contra de los diputados y exdiputados a los cuales se favoreció con el encarpetamiento de su expediente por el delito de malversación de caudales públicos.
Los imputados son: Augusto Domingo Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Dennis Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
Como se recordará, en el año 2017 el equipo integrado de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora (UFERCO) junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) descubrieron a una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.
Los diputados y la diputada acusados se valieron de una ONG que recibía fondos para obras sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Éstos solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, mismos que eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
Los diputados y diputada implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional De Productores E Industriales De Barrios Y Colonias De Honduras (ANPIBCH), la cual percibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3, 300,000. 00 el 14 y 21 de diciembre de 2015.
En total se trasladó a dicha ONG L. 8, 300,000. 00, incluyendo fondos del Congreso Nacional. La UFECIC siguió la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.
Se espera como Ministerio Público, que ahora que se reactiva el caso «Red de Diputados», se decrete el Auto de Formal Procesamiento respectivo.
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