TEGUCIGALPA, HONDURAS
El flujo de retorno forzado hacia Honduras ha experimentado un repunte crítico en el inicio de 2026. Durante los primeros 88 días del año, un total de 10,071 hondureños han sido deportados, lo que arroja un promedio de 129 personas diarias, superando la media de 118 registrada durante el año 2025.
Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la gran mayoría de estos retornos provienen de Estados Unidos (91%), seguido por México (8%) y Guatemala. La radiografía de la vulnerabilidad en este primer trimestre se divide en 8,094 hombres, 962 mujeres y más de mil menores de edad (846 niños y 169 niñas).
Un sistema de apoyo en crisis
El incremento de deportaciones coincide con el cierre del programa gubernamental “Hermano, Hermana Vuelve a Casa”, previsto para el próximo mes de abril. A pesar de una inversión de 100 millones de lempiras gestionados por Sedesol, el programa ha sido calificado como «fallido» por líderes migrantes.
Las quejas principales radican en la exclusión de beneficiarios: muchos retornados en vuelos comerciales no recibieron el bono alimenticio por falta de constancias administrativas, ignorando su situación de precariedad.
> «Las personas migrantes retornan sin dinero y sin pertenencias; necesitan ayuda de carácter permanente y no soluciones superficiales», señaló Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.>
Más allá del bono: Salud mental y empleo
El Conadeh ha enfatizado que la reintegración no debe limitarse a una transferencia monetaria única. La institución insta al Estado a garantizar:
* Atención Psicológica: Muchos retornados presentan traumas severos por la separación familiar y abusos sufridos en centros de detención.
* Inclusión Laboral: Se ha instruido que el 10% de las nuevas contrataciones en la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sean destinadas a retornados.
* Acceso a Servicios: Incorporación efectiva a proyectos de vivienda digna y al Bono 10,000.
El reto de la reintegración
Con el fin del programa actual, el desafío para la administración estatal es evitar que el retorno se convierta en un ciclo de pobreza. La falta de políticas integrales deja a los connacionales en una «vulnerabilidad absoluta», con sus sueños estancados y sin herramientas para reinsertarse en la economía local, lo que a menudo impulsa nuevos intentos de migración irregular.
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