TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la Ley Especial de Emergencia Vial, una normativa de carácter urgente que busca intervenir de inmediato la infraestructura del país. La medida responde a la necesidad crítica de reparar la red vial antes del inicio de la Semana Santa y la llegada de la temporada de lluvias, factores que históricamente afectan la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.
Esta iniciativa legal, enviada por el Poder Ejecutivo, autoriza operativos de bacheo, mantenimiento preventivo y la construcción de puentes en puntos estratégicos del territorio. Además, pone especial énfasis en el control de inundaciones mediante el dragado de ríos y la reparación de bordos de contención, acciones diseñadas para proteger zonas vulnerables como el Valle de Sula frente a los fenómenos climáticos previstos para este año.
Uno de los pilares de esta ley es el fortalecimiento de los gobiernos municipales a través de un programa de adquisición de maquinaria pesada. Según explicó el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, se planea dotar de equipo técnico a las primeras 100 alcaldías del país, asegurando que el beneficio se distribuirá de forma equitativa entre diversas fuerzas políticas, incluyendo los partidos Libre, Liberal y Nacional, bajo un criterio de cero sectarismo.
La intervención pretende alcanzar un total de 2,700 kilómetros de carreteras, priorizando los caminos productivos y rurales que son esenciales para el comercio y el sustento de las comunidades locales. Al mejorar estas vías, el Gobierno espera no solo potenciar el turismo durante la época veraniega, sino también garantizar que los productores puedan trasladar sus mercancías sin los obstáculos que suele imponer el deterioro asfáltico.
A pesar del respaldo total en la votación, surgieron voces de alerta respecto a los mecanismos de ejecución. El diputado Carlos Umaña subrayó la importancia de la obra, pero advirtió sobre el uso de compras directas, señalando que este modelo ha sido históricamente vulnerable a actos de corrupción. Umaña enfatizó que se mantendrá una vigilancia estrecha sobre cómo se administran estos recursos excepcionales para evitar que se repitan irregularidades de gestiones pasadas.
Finalmente, se estableció que la Ley Especial de Emergencia Vial tendrá una vigencia temporal de un año, con posibilidad de ser prorrogada únicamente si el Congreso Nacional lo considera necesario tras evaluar los resultados. Con este marco jurídico, el Estado hondureño apuesta por una respuesta rápida a la crisis de infraestructura, buscando un equilibrio entre la celeridad que exige la emergencia y la transparencia que demanda la ciudadanía.
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