La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes la vacunación obligatoria para el personal sanitario y de residencias de ancianos, que tendrá hasta marzo de 2022 para presentar el correspondiente certificado.
Fueron 571 los diputados que votaron a favor del proyecto de ley impulsado por los partidos de la coalición de gobierno de Olaf Scholz -socialdemócratas, verdes y liberales-, mientras que 80 lo hicieron en contra y 38 se abstuvieron.
Está previsto que la cámara alta, el Bundesrat, ratifique la nueva ley este mismo viernes, con lo que el trámite parlamentario quedaría concluido.
El personal que trabaje en centros con “personas vulnerables”, como clínicas, consultorios médicos y residencias de ancianos, dispondrá hasta el 15 de marzo del año próximo para demostrar que están vacunados o que se han recuperado tras una infección por COVID.
Este margen de tiempo fue criticado el jueves por los líderes regionales, que lo consideran demasiado amplio, pero Scholz lo defendió, en su reunión con los “Länder” (estados federados), por el hecho de que hace falta tiempo para recibir la pauta completa y el máximo nivel de inmunidad.
La supervisión de la medida quedará en manos del empleador, que en caso de no contar con el correspondiente certificado para la fecha prevista deberá informar a la Oficina de Salud local y prohibir al empleado en cuestión el acceso al puesto de trabajo.
A falta de referencias concretas, por el momento se entiende que la pauta completa de vacunación corresponde a dos dosis, aunque es posible que en el futuro sea necesario haber recibido también la de refuerzo.
El proyecto de ley aprobado este viernes por el Bundestag también permitirá que, para acelerar la campaña de vacunación, las dosis puedan ser suministradas en farmacias y también por parte de dentistas y veterinarios que cumplan con determinados requisitos, durante un periodo de tiempo limitado.
Junto a este proyecto, el nuevo Gobierno trabaja ya en un marco legal para la introducción de la vacuna obligatoria de modo generalizado, con el objetivo de tenerlo listo para entrar en el trámite parlamentario en febrero.
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