Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) finalizó este martes el juicio oral y público en la causa promovida a la empresaria y abogada Jenny Carolina Andrade Lemus y al ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS, José Ramón Bertetty Osorio, contra quienes se pide una sentencia condenatoria por lavado de activos y otros delitos en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El fallo se dará a conocer una vez que un recurso de amparo presentado por la defensa de Bertetty Osorio sea resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que no se señaló una fecha en específico.
En relación a la imputada, a finales de 2021, había anunciado, a través de su defensa, que se sometería a un procedimiento abreviado y se declararía culpable, no obstante, posteriormente buscó ampararse en las recientes reformas legislativas a la Ley Contra el Lavada de Activos para obtener la libertad, lo que le fue rechazado.
Ahora, ambos imputados comparecieron a juicio oral y público del 4 al 19 de abril en el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, en el que el Ministerio Público evacuó 20 pruebas documentales, dos evidenciales, tres periciales y cuatro declaraciones testificales.
La causa, que se trabajó en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), supone que Bertetty Osorio incurrió en tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos, Andrade Lemus en un delito de lavado de activos y el tercer coimputado y ex subgerente de Suministros, Materiales y Compras, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) en un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Como se recordará, dentro de los aseguramientos ordenados en este caso se encuentra una vivienda en el barrio La Leona de Tegucigalpa, donde tenía domicilio una empresa fantasma, por medio de la cual, de acuerdo a las investigaciones, se drenaron los fondos del IHSS, además se incautó una extensión de terreno que supera las 15 manzanas, situadas en Siguatepeque y el congelamiento de tres cuentas bancarias, todo ello traspasado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En el expediente se pormenoriza que la imputada Jenny Carolina Andrade Lemus constituyó en el 2008 la empresa Soluciones Técnicas JJ y ya para el 2011 recibió 36 depósitos provenientes de otras empresas que también habían suscrito contratos con el IHSS y que sustrajeron fondos sin documentación de respaldo, monto total que asciende a catorce millones doscientos veinte mil doscientos diecinueve lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps.14,220,219.54).
Los fondos fueron administrados por la encausada de los cuales no tenía causa o justificación económica legal o de su procedencia, con los cuales realizó traslado de fondos a sus cuentas personales y familiares y al extranjero.
La imputación de Bertetty Osorio en este caso, es debido a que en el año 2011 tres empresas comenzaron a tener problemas de retrasos de pagos por los servicios prestados al Seguro Social, por lo que sus representantes legales se reunieron con él, quien les pidió una coima de un 20 por ciento del valor total de cada factura.
Para ello, el funcionario se coludió con Andrade Lemus, quien tras crear la empresa fachada Soluciones Técnicas JJ, constituida mediante instrumento público número 1458 de fecha 10 de diciembre del 2008, un año después solicitó que se registrara la firma de José Ramón Bertetty Osorio para que ambos pudieran emitir cheques de la referida cuenta con firmas indistintas, pero evitando que figurara su nombre.
En total, Bertetty Osorio recibió 41 depósitos que ascienden a un millón setecientos noventa y cinco mil lempiras (Lps. 1, 795,0000.00), producto del soborno solicitado a los gerentes de las empresas proveedoras de servicios.
Cabe resaltar que, por el caso del desfalco del IHSS alrededor de 60 personas han sido encausadas, entre ellos altos funcionarios y exfuncionarios, miembros de la cúpula empresarial y del sector obrero, sus familiares, socios y testaferros, así como se han asegurado bienes considerados de origen ilícito a un costo de 300 millones de lempiras aproximadamente.
COMENTARIOS