El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, reiteró que las alarmas de desabastecimientos y alzas inmoderadas, en el precio de insumos, medicamentos y productos de la canasta básica, que se han registrado en los últimos días: son actividades de especulación ilícita que constituyen una amenaza a la seguridad humana, al derecho de los consumidores y un abuso del derecho a la propiedad privada.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ha constatado la escasez y el elevado precio de venta, de equipo médico como tanques de oxígeno, pruebas, manómetros y flujómetros, así como el alto precio de los productos alimenticios de primera necesidad, entre ellos, los frijoles. En consecuencia, el Ombudsman llama urgentemente, a las autoridades correspondientes, a desplegar operativos que aseguren efectivamente el control de precios.
El Código de Salud faculta a las autoridades para determinar el porcentaje máximo de utilidad bruta en la venta o suministro de productos farmacéuticos, y la Ley de Protección al Consumidor, regula las relaciones de consumo que se establezcan en el mercado para la adquisición de bienes y servicios, disponiendo los procedimientos aplicables, derechos y obligaciones, infracciones y sanciones en dicha materia para asegurar el control de esas amenazas. El Código Penal califica estas actividades como delitos contra la economía, el mercado y los consumidores.
Es importante que las personas presenten sus denuncias a la Dirección de Protección al Consumidor. Para lo cual está disponible la línea de emergencia 115 y el correo electrónico denunciasdeconsumidores@gmail.com. Pueden también avocarse a la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público, con copia al CONADEH para el seguimiento correspondiente de toda actividad de especulación ilícita. Los denunciantes tienen el derecho a recibir respuestas oportunas a sus peticiones y a que las autoridades hagan las inspecciones y verificaciones consiguientes, para fundamentar la aplicación de sanciones ejemplares, con especial y mayor exigencia, en la actual crisis sanitaria.
Las actividades de especulación ilícita de bienes y servicios esenciales, constituyen una amenaza a la seguridad humana, un delito y un abuso del derecho a la propiedad que perjudica a la población, en especial a la mayoría que se encuentra en situación de pobreza. El CONADEH estará supervisando el debido cumplimiento de las funciones de las autoridades competentes en el control de esas actividades. Nuestros teléfonos son: 9581-1846 de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; 9593-5362 de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.; 9577-6042 de 11:00 p.m. a 6:00 a.m. y el número 8865-1429 durante los fines de semana.
Esas censurables actividades actúan como parásitos aliados al COVID-19 que nos agrede, y agravan ese mal público generalizado. El Defensor del Pueblo Herrera Cáceres, considera esa especulación como “forma de explotación del hombre por el hombre”, en el sentido del abuso del derecho a la propiedad privada, al tenor de lo que expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Abuso tanto más dañino, en las actuales circunstancias que han sometido, al ser humano, a una mayor vulnerabilidad en su vida y salud, dijo el Dr. Herrera Cáceres.
“Reitero mi llamado, a eliminar esa conexión de males públicos contra el pueblo, en nuestra gran batalla contra el COVID-19 y el Dengue. Lo haremos con nuestra cruzada nacional y unidad solidaria del Estado y la sociedad, que son la clave para vencerlos, en las áreas rurales y urbanas de todos los municipios de Honduras”, concluyó el Defensor del Pueblo.
COMENTARIOS