TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) señaló hoy al Estado hondureño de incumplir su obligación internacional de reconocer, delimitar, demarcar y titular las tierras que le corresponden a las comunidades indígenas y afro-hondureños.
El ente estatal advirtió que ese incumplimiento del Estado hondureño repercute en nuevos escenarios de violaciones a derechos humanos contra este sector de la población.
De esa forma contundente se refirió el ente estatal de los derechos humanos luego que, el pasado 7 de noviembre, un contingente de aproximadamente 38 policías, en su mayoría con trajes antimotines y 15 soldados de la Fuerza Naval, llegaron a la comunidad garífuna de Punta Gorda, con el objeto de dar cumplimiento a una supuesta orden de desalojo preventivo emitida por un juez competente.
Durante el desalojo, se produjeron hechos violentos donde resultaron personas lesionadas, incluidas mujeres y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, además, seis personas fueron detenidas y privadas de su libertad.
En este sentido, el CONADEH constató que, en las oficinas del Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional (CEIN), se encontraban detenidos los señores Richard Armando Martínez, Augusto Moisés Dolmo, Efraín Sánchez, Keider Tishany Gonzales y las señoras Melissa Fabiola Martínez y Dorotea Arzú y que, dos de las personas detenidas presentaban lesiones recientes en sus cuerpos.
“Esta Defensoría del Pueblo condena el uso excesivo de la fuerza, prescindiendo absolutamente de los principios elementales de necesidad, legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, reza el comunicado.
Asimismo, advierte que, con dicha conducta policial, el Estado compromete su responsabilidad internacional, frente a eventuales hechos internacionalmente ilícitos que sean reclamados por particulares afectados.
En el documento, exhorta a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) a realizar una investigación seria, efectiva e imparcial sobre la existencia de faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial, involucrados en el desalojo preventivo.
Añade que, en caso de existir suficientes indicios de la comisión de delitos, remita los antecedentes de mérito al Ministerio Público, para que se realice la investigación judicial con la debida diligencia y se deduzcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar.
El 8 de noviembre, el CONADEH observó la audiencia de declaración de imputados contra las personas detenidas y acusadas de la comisión del delito de usurpación, en el Juzgado Departamental de Letras de Islas de la Bahía y tomó nota de la adopción de medidas diferentes a la prisión preventiva contra las y los miembros de la comunidad Garífuna.
Uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos
En el comunicado, el CONADEH reitera su preocupación por el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos mediante la aplicación inadecuada de tipos penales como la usurpación.
Por esta causa, exhortó a la autoridad judicial a examinar el contexto de incumplimiento de las sentencias Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros.
Ambas sentencias emitidas contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en las que se refiere que el Estado“[…] debe proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación”.
El CONADEH también observa con preocupación el crecimiento de la interposición de quejas contra la autoridad administrativa, alegando infracciones a la propiedad privada, cuya adquisición se habría hecho de buena fe, previo a la emisión de las sentencias supra mencionadas.
76 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH pendientes de cumplimiento
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a cumplir sin dilaciones las sentencias de la Corte IDH.
Desde 1988 a octubre del 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte IDH. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados.
Además, en 13 de las sentencias, aún abiertas, hay 117 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento.
Hasta ahora, el incumplimiento del Estado hondureño en su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos alcanza el 100% de las sentencias emitidas por la Corte IDH.
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